Un grupo de 18 estados y varias ciudades demandaron al presidente Donald Trump este martes tras la firma de una orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento en Estados Unidos.
Según la demanda, presentada en un tribunal federal en Massachusetts, la medida es “ilegal” y va en contra de la Enmienda 14 de la Constitución, que garantiza la nacionalidad a todas las personas nacidas en suelo estadounidense, sin importar el estatus migratorio de sus padres.
El decreto firmado por Trump, en las primeras horas de su segundo mandato, establece que los hijos de inmigrantes indocumentados o con un estatus legal temporal, como turistas o estudiantes, no podrán obtener la ciudadanía estadounidense.
La demanda, respaldada por fiscales generales de estados como Nueva York, California y Massachusetts, señala que el presidente “no tiene autoridad para reescribir la Constitución”. Matthew J. Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, afirmó:
“Los presidentes son poderosos, pero no son reyes. No pueden modificar la Constitución con un simple decreto”.
Además, los estados argumentan que la medida podría causar daños “irreparables” a residentes de sus jurisdicciones, como negar pasaportes y restringir el acceso a derechos básicos para niños nacidos en el país de padres indocumentados.
Históricamente, la interpretación de la Enmienda 14 ha garantizado la ciudadanía a todos los nacidos en Estados Unidos, salvo en casos específicos, como los hijos de diplomáticos extranjeros. Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, los tribunales han respaldado esta postura por más de un siglo.
Sin embargo, algunos jueces y políticos han mostrado posturas más favorables a las restricciones. El juez James C. Ho, nominado por Trump, comparó a los inmigrantes indocumentados con un “ejército invasor”, lo que refleja las divisiones en el poder judicial sobre el tema.
La batalla legal podría extenderse
Expertos legales, como Gerard Magliocca, profesor de la Universidad de Indiana, consideran que los tribunales probablemente rechazarán el decreto presidencial, citando recientes fallos que limitan el alcance del poder ejecutivo en temas controvertidos.
