Grupo Salinas, grupo empresarial de gran escala, mantiene desde hace más de 16 años
un entramado judicial para evitar el pago de 74,000 millones de pesos en impuestos, confirmó este viernes la Procuraduría Fiscal de la Federación.
La deuda, acumulada en 32 juicios activos, se encuentra actualmente en revisión en todas las instancias del Poder Judicial, incluidos tres procesos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que suman más de 26 mil millones de pesos.
El caso ha sido catalogado por las autoridades fiscales como uno de los más emblemáticos de evasión y abuso del sistema judicial, al evidenciar una estrategia sistemática de dilación legal con el propósito de no pagar impuestos que datan desde 2008, asi como adeudos correspondientes a 2010 y 2013.
Un patrón de litigio prolongado
La procuradora fiscal detalló que el grupo empresarial ha construido un “modus operandi” que consiste en impugnar sistemáticamente cada revisión, interponer amparos, recusaciones y recursos de revisión de manera consecutiva, aun cuando existen sentencias firmes en su contra.
Incluso han llegado a recusar a jueces por supuestos intereses personales, con el objetivo de retrasar resoluciones e impedir el cobro de impuestos por parte del Estado.
Acusó que que están utilizando al sistema judicial como un escudo para no cumplir con sus obligaciones fiscales. Saben que no tienen razón jurídica, pero siguen litigando para que los recursos no lleguen al erario, declaró la titular de la Procuraduría Fiscal.
Según estimaciones del gobierno federal, los 74 mil millones de pesos retenidos en estos litigios podrían financiar más de 24 hospitales de alta especialidad, 21 líneas de cablebús o cientos de escuelas públicas en comunidades marginadas.
En un contexto donde se impulsa una política fiscal progresiva, esta retención representa una pérdida directa para los programas sociales y de infraestructura pública.