El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó este miércoles ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional contra el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019, aprobado por la Cámara de Diputados en diciembre pasado, por considerar que la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.
“La drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades”.
De acuerdo con un comunicado, el INE argumenta que la drástica reducción presupuestal determinada por el Legislativo impide que el INE, de forma independiente y autónoma, participe en la organización de los procesos electorales que se realizarán este año en Baja California, Durango, Aguascalientes, Quintana Roo y Tamaulipas, con lo cual se vulnera el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de la ciudadanía en esas entidades
“Se tomó la decisión de seguir la ruta que traza el Estado de derecho y, en apego a lo dispuesto por el artículo 105 de la Carta Magna, promover ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional en contra del PEF, por la vulneración a la autonomía e independencia del Instituto que se deriva del recorte presupuestal”.
El INE considera que la Cámara de Diputados no puede válidamente realizar una reducción presupuestaria que, sin justificación, motivación ni fundamentación alguna, sin un análisis de las consecuencias e implicaciones que supone y sin estar en un contexto de reducción del presupuesto público general, impida al INE el ejercicio de sus funciones, pues ello claramente viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.
Al modificar en el PEF 2019 los tabuladores que el Instituto había aprobado en ejercicio de su autonomía y con pleno respeto al artículo 127 constitucional, así como a las demás normas que rigen sus remuneraciones, se obligaba al INE a vulnerar derechos humanos de sus trabajadores y trabajadoras.
La decisión del INE de promover de dicho medio de control constitucional, siempre respetuoso de las instituciones, busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como último intérprete de la Constitución, establezca y delimite el ámbito de aplicación de las normas y actos mencionados, en relación con la autonomía que la propia Norma Suprema reconoce y confiere, de manera expresa, al Instituto Nacional Electoral.
