Por considerarla “antidemocrática y excluyente”, más de 2 mil miembros de la comunidad científica, académica y cultural piden detener la más reciente propuesta para sustituir la actual Ley de Ciencia y Tecnología.
Específicamente, alertan sobre la iniciativa de Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, elaborada por Conacyt y presentada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante la Cámara de Diputados el pasado 13 de diciembre.
“Se trata de una propuesta que restringe la libertad académica de las investigadoras e investigadores; impone una estructura jerárquica y burocrática que relega la opinión de científicos, cuerpos colegiados, universidades y asociaciones académicas”, se lee en el pronunciamiento difundido este miércoles.
“No respeta el pacto federal y elimina el compromiso del Estado Mexicano de un presupuesto estable para la investigación, todo lo cual implica un retroceso en los avances logrados en los últimos 50 años”, remarca el documento, que incluye un breve listado de las diversas afectaciones que esta nueva legislación conllevaría.
Entre ellas está, sobre todo, el establecimiento de una Agenda Nacional, que amenaza la investigación en algunas líneas científicas que podrían recibir menor apoyo por no ser consideradas estratégicas ni prioritarias (Reforma 01/01/2023). Así como la eliminación del actual mandato de que el gasto nacional para el sector no puede ser menor al 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
También la pérdida de autonomía en los Centros Públicos de Investigación (CPI), cuyos trabajadores además serían reclasificados como funcionarios públicos, lo cual vulneraría su estabilidad laboral y libertad de investigación. Más la discriminación a investigadores de entidades privadas, y un reparto de becas siempre sometido a la “disponibilidad presupuestaria”.
“La distribución de recursos no puede convertirse en una herramienta de ataque contra instituciones y grupos académicos, ni de amenaza al pensamiento crítico”, reprochan los firmantes, haciendo referencia a los Principios Interamericanos sobre Libertad Académica y Autonomía Universitaria (OEA, 2021).
A lo largo de 34 páginas, el desplegado suma 2 mil 391 firmas -algunas cuantas repetidas- de profesionales lo mismo independientes que adscritos a las más importantes instancias del país, como la UNAM, el Cinvestav, el INAH, la ANUIES o los diferentes CPI.
Destacan entre ellos el biólogo Antonio Lazcano; el físico Alejandro Frank; la viróloga Susana López Charretón; la biomédica Gloria Soberón Chávez; la biotecnóloga Beatriz Xoconostle; el bioquímico Francisco Bolívar Zapata; la historiadora Catherine Andrews; la matemática Luz de Teresa Oteyza, y el geógrafo e historiador Jean Meyer.
Asimismo, figuras del gremio cultural, como los arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma y Leonardo López Luján; la escritora Mercedes de la Garza; la historiadora del arte Graciela de la Torre; el escritor Néstor García Canclini; el antropólogo Bolfy Cottom, y los creadores Fernando Aceves Humana y Pablo Ortiz Monasterio.
Junto a todos ellos, diversas voces críticas de la actual política científica, como los extitulares del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) A.C. Gabriela Dutrénit, José Franco y Julia Tagüeña; la doctora en investigación biomédica básica Brenda Valderrama, y el doctor en ciencias Andreu Comas García.
Un grupo plural que solicita al poder legislativo detener la mencionada iniciativa y abrir espacios reales de participación en los que se incluyan para su discusión las demás propuestas que se han presentado antes.
“Queremos contribuir a construir en conjunto una ley de ciencia, tecnología e innovación que favorezca un verdadero pensamiento crítico, a la altura de los desafíos sociales, tecnológicos y ambientales del país, y que incorpore las experiencias exitosas y los avances científicos y humanísticos para avanzar hacia un México moderno, equitativo y sustentable.
“La comunidad académica tiene mucho que decir para lograrlo. Abramos el diálogo”, concluyen.
