El Gobierno de Nicaragua negó ante la ONU todas las acusaciones de violaciones a los derechos humanos que recibió de otros Gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Brasil y Colombia, y no ofreció solución alguna para los cientos de nicaragüenses a los que ha retirado la nacionalidad.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU cumplió hoy con la revisión periódica de la situación en Nicaragua, que fue convencido por países cercanos -desde el punto de vista ideológico- de participar en este escrutinio, en el que inicialmente había decidido no tomar parte, dijeron a EFE fuentes de ese órgano intergubernamental.

Durante sus respuestas a los temas planteados por otros países, altas funcionarias de la Procuraduría General negaron las violaciones a los derechos a la manifestación pacífica y de reunión, de la libertad de expresión e información, y justificaron el cierre de miles de ONG y de universidades y la retirada de la nacionalidad a quienes el gobierno considera “traidores a la patria”.

La procuradora nacional de la propiedad en la Procuraduria General, Jeanette García, dijo -por video conferencia- que el Gobierno mantiene su decisión de no reconocer a la Corte Penal Internacional por considerar que “no ha dado muestras suficientes de imparcialidad” y que en Nicaragua no se censura el derecho a informar, sin ofrecer explicaciones sobre el cierre de numerosos medios de prensa independientes y el exilio de numerosos periodistas.

Frente a las críticas de los países por el cierre de 27 universidades y unas cinco mil 300 organizaciones no gubernamentales, la procuradora aludió a la supuesta “falta de calidad y deficiencias” de las primeras, mientras que sobre las ONG sostuvo que entre las razones para su clausura estuvo el haber recibido fondos para “desestabilizar” al país.

Ni en estos casos, ni en el de los nicaragüenses a los que se quitó la nacionalidad -gran parte de los cuales también fueron desterrados del país- se planteó ninguna solución, a pesar de que este fue una de las principales peticiones de los países presentes en el CDH.

España denunció la “represión sistemática de la oposición política, el desmantelamiento progresivo del Estado de derecho, las violaciones al derecho a la libertad religiosa”, así como la “privación de la nacionalidad, que España trata de contrarrestar ofreciendo la nacionalidad española” a los afectados.

Estados Unidos, como otros países, pidió que se libere a los detenidos arbitrariamente en Nicaragua y acusó al Gobierno de Daniel Ortega de “represión transnacional, que ataca a opositores políticos, expresos políticos y activistas en el extranjero”.

La procuradora Carmen Soledad Rodríguez rechazó por su parte una alegación de Estados Unidos en relación a la participación en la represión de “grupos parapoliciales”.

Sostuvo que la policía profesional ha sido la encargada de actuar “cuando ha tenido que restituirse el orden”, aunque reconoció que cuando ha sido necesario han participado también “policías voluntarios, que actúan como cuerpo auxiliar y de apoyo de la Policía Nacional”, quienes son ciudadanos corrientes, que se presentan por voluntad propia y de forma temporal.

En la fase de comentarios México, Panamá, Argentina, Chile y otros países pidieron que se devuelva la nacionalidad a los nicaragüenses afectados, que se rectifique la cancelación de las autorizaciones para el funcionamiento de las ONG y que el gobierno vuelva a cooperar con los mecanismos de derechos humanos en la región y de Naciones Unidas.

Brasil pidió que se investigue y sancionen “a los responsables de la violencia contra minorías, sobre todo de indígenas y afrodescendientes (…) y se ponga fin a todo tipo de persecución religiosa”.

Colombia indicó que “ve con preocupación el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, con el cierre del espacio cívico y las barreras para la pluralidad política”.

Agencias.