sábado, septiembre 20, 2025
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    Proponen prisión preventiva oficiosa para quien atente contra ahorro para el retiro de trabajadores

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    La diputada Carmen Patricia Armendáriz Guerra, de Morena, presentó una propuesta de reforma al artículo 19 de la Constitución Política, con el objetivo de que se incluya la prisión preventiva oficiosa para los delitos cometidos por quienes gestionen recursos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y atenten contra el patrimonio de los trabajadores.

    En su exposición de motivos, la legisladora calificó como aberrante el desvío de los ahorros de los trabajadores, ya que estos recursos representan la base económica de su jubilación y un componente esencial de la seguridad social en México.

    El SAR administra actualmente 6 billones 29 mil 146 millones de pesos, equivalentes al 24 % del Producto Interno Bruto (PIB)

    El artículo 19 establece actualmente que el Ministerio Público solo puede solicitar la prisión preventiva cuando las medidas cautelares tradicionales sean insuficientes para garantizar el desarrollo del juicio o la seguridad de las partes implicadas. Sin embargo, esta disposición contempla ya delitos graves como homicidio doloso, feminicidio, delincuencia organizada, violación y secuestro.

    Con esta reforma, se busca añadir los fraudes cometidos en el manejo de los fondos del SAR, en reconocimiento a la importancia de estos recursos para la estabilidad económica de los trabajadores y del país en general.

    Mayor regulación y transparencia La diputada enfatizó que la naturaleza del SAR, como un servicio de seguridad social de interés público, exige una regulación más estricta y controles transparentes. La propuesta también está alineada con reformas anteriores para garantizar un retiro digno y fortalecer la confianza de los trabajadores en el sistema.

    Están aquí grandes ahorros The Home Depot La iniciativa busca disuadir el mal manejo de los recursos y sancionar con mayor severidad a quienes, por corrupción o negligencia, vulneren los ahorros de millones de mexicanos. Además, refuerza el papel del Estado como garante de la seguridad financiera de los trabajadores.

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