Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Detener la entrada del gasoducto marino Sur de Texas-Tuxpan afecta la relación comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, debido a que la obra de infraestructura se construyó con un financiamiento conjunto.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) manifestó su preocupación por la situación en torno a los procesos de arbitraje iniciados de manera unilateral por la CFE sobre cláusulas de los contratos de servicios de transporte de gas natural con empresas privadas, la cual pudiera afectar la puesta en operación del Gasoducto Marino Sur, que permitiría llevar el energético a la zona sur-sureste del País.
“Este hecho incrementa la incertidumbre en torno a las inversiones en nuestro país e impacta negativamente a la economía”, aseguró en un comunicado.
“La decisión de detener la puesta en funcionamiento del gasoducto y el inicio del arbitraje impactan a México, Estados Unidos y Canadá, al tener inversión conjunta en la infraestructura. Estos hechos afectan la relación comercial entre los tres países e inciden en el proceso de aprobación del T-MEC que transcurre actualmente”, señaló la cúpula empresarial.
Añadió que detener la entrada en operación del gasoducto generaría una profunda preocupación entre los inversionistas al no contar con certeza jurídica y capacidad de planeación para el desarrollo de los proyectos.
“Estas acciones de la CFE van en contra del compromiso que el CCE realizó con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para fomentar la inversión, el empleo y el crecimiento económico, en el que el sector privado se comprometió a aumentar sus inversiones y el Gobierno a facilitarlas”, subrayó.
Explicó que la construcción del gasoducto marino responde a la necesidad de llevar el energético a los estados donde más se requiere, como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.
Asimismo, el gas natural es fundamental para la generación eléctrica.
“Especialmente en el contexto actual de la Península de Yucatán, el contar con este energético permitiría a las centrales de generación de electricidad propiedad de la CFE operar con mayor capacidad y garantizar el suministro para la población.
“Además, permitiría satisfacer las necesidades futuras de la industria nacional de la petroquímica, el turismo y el sector hotelero, por mencionar algunos”, dijo el CCE.
