Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) han negado el acceso al asilo a familias mexicanas, incluso asegurando que el amparo “ya no existe en EE.UU” tras las restricciones impuestas por la Casa Blanca, reveló un informe de Human Rights Watch (HRW, en inglés).
Vicki B. Gaubeca, directora asociada de política fronteriza e inmigración de Estados Unidos de HRW, dijo que la investigación reveló que los agentes de CBP “ignoraron” las preocupaciones de los solicitantes diciéndoles, entre otras cosas, que “el asilo ya no existe en Estados Unidos, o los intimidaron para que guardaran silencio”.
El informe se basa en entrevistas realizadas en octubre pasado a 40 familias mexicanas que habían solicitado asilo y fueron regresados a Nogales (México).
De las 40 personas entrevistadas, los agentes de CBP remitieron sólo a dos familias –una madre y su hijo adolescente, y otra madre con un hijo y una hija adolescentes– a un funcionario de asilo de cara a iniciar el proceso. Sólo la madre con el hijo adolescente logró tener una audiencia ante un juez de inmigración.
Las dos familias fueron entrevistadas y finalmente deportadas después de permanecer detenidas durante aproximadamente una semana
De los entrevistados, 29 dijeron que tenían la intención de solicitar asilo o hablaron directamente sobre las amenazas que temían y fueron ignorados por los agentes de CBP.
“Algunos dijeron que los agentes de la Patrulla Fronteriza les gritaron insultos y maldiciones, les rasgaron la ropa y les quitaron los cordones de los zapatos y los cordones de la ropa, debido a una política del gobierno de EE.UU. para prevenir la autolesión, de manera violenta y degradante”, detalla el informe.
HRW documentó casos en los que los agentes de CBP impidieron a mexicanos acceder a los procedimientos de asilo a pesar de enfrentar amenazas en su país y luego fueron devueltos.
La organización considera que algunos de los solicitantes también podrían encajar dentro de las excepciones a la regla de asilo de junio, que permite que se consideren las solicitudes de asilo siempre que alguien exprese o demuestre que “enfrenta una amenaza inminente y extrema a la vida o la seguridad”.
