Las clínicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) están obligadas, a partir de este 24 de enero, a garantizar el aborto seguro y voluntario hasta las 12 semanas de gestación para sus usuarias, según un aviso publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El objetivo del acuerdo es asegurar el derecho a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) dentro del sistema de seguridad social y la sanidad pública para los burócratas.
“El Instituto garantizará que el procedimiento que se practique con motivo de la ILE sea parte de los servicios de salud otorgados bajo un marco legal, que asegure el máximo nivel de bienestar físico, psicológico y social de la persona usuaria, eliminando barreras estigmatizantes a los derechos de la libertad reproductiva”, apunta.
El documento define la ILE como el “procedimiento médico realizado por personal de salud capacitado, que interrumpe el proceso de gestación en el periodo comprendido entre el momento de la implantación y las 12 semanas completas de gestación”.
“La ILE está protegida por el marco legal en cada entidad federativa que ha reformado su legislación en la materia. Este procedimiento se realiza a petición expresa de la persona usuaria en ejercicio voluntario, libre y en pleno ejercicio de su autonomía reproductiva”, detalla el escrito.
Además, garantiza que “en caso de ser víctimas de algún delito, la prestación del servicio que será realizado en todo momento bajo el principio de no revictimización, y en atención a la NOM-046-SSA2-2005“, normativa que permite el aborto voluntario en cualquier momento de la gestación, en casos de violación y sin necesidad de presentar una denuncia en todo el país.
Hasta ahora, 19 de los 32 estados han despenalizado el aborto como decisión voluntaria antes de la semana 12 (y en Sinaloa, 13), en sintonía con la sentencia de la Corte que hace dos años determinó que prohibir la interrupción del embarazo viola los derechos a la dignidad humana, autonomía reproductiva, salud e igualdad, entre otros.
Desde 2023, el Supremo mexicano ordenó al Congreso a eliminar el delito de aborto del Código Penal Federal, lo cual sigue sin ocurrir.
También instó a las instituciones de salud federales, como el ISSSTE y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a garantizar el servicio de aborto en todas sus clínicas y hospitales.
Con el acuerdo, el Issste se convierte en la primera institución en avanzar hacia la garantía de este derecho a las mexicanas.
La dependencia tiene 30 días para actualizar el listado de unidades médicas que ofrezcan el servicio de ILE, respetando la objeción de conciencia del personal médico y asegurando que las unidades cuenten con suficiente personal dispuesto a brindar el servicio, precisa el acuerdo.
Con información de EFE
