El Gobierno de Honduras acordó con la Administración de Donald Trump mantener el tratado de extradición de narcotraficantes, a diez días de que ese país ejecutara su amenaza de retirarse por supuestos planes de un “complot” en su contra orquestado por Washington.

La Presidenta hondureña, la izquierdista Xiomara Castro, anunció en su cuenta de X que llegó a un acuerdo con Estados Unidos para que el tratado continúe con garantías de “su aplicación objetiva”.

Castro suspendió el tratado el pasado 28 de agosto para evitar que Washington pudiera pedir la extradición de militares leales a la Presidenta, lo que facilitaría un supuesto intento de golpe de Estado, como el que derrocó en 2009 a su esposo, el entonces Presidente Manuel Zelaya.
Sin embargo, la oposición sostiene que la Presidenta canceló en ese momento el tratado para proteger a miembros de su Gobierno y de su familia, supuestamente vinculados con el narcotráfico.
El tratado ha permitido la entrega de medio centenar de narcotraficantes hondureños a Estados Unidos desde 2014, incluyendo el ex Presidente Juan Orlando Hernández (2014-2022), quien en junio de 2024 fue condenando a 45 años de cárcel por narcotráfico.

En rueda de prensa, el Canciller Enrique Reina explicó que el tratado continuará hasta el 27 de enero de 2026, cuando asumirá el Gobierno que sea elegido en los comicios del próximo 30 de noviembre, el cual deberá decidir si lo mantiene.
Según Reina, el Gobierno hondureño también llegó a acuerdos sobre migrantes deportados en “vuelos militares”, aunque no dijo si Honduras se convertirá en puente para deportaciones de extranjeros, como Panamá, Costa Rica y Guatemala.

En enero pasado, Castro había advertido que si Trump cumplía la amenaza de deportaciones masivas, cerraría la base militar de Palmerola que mantiene Estados Unidos a 50 km al norte de Tegucigalpa.
Pero, ya han llegado al país varios aviones con migrantes expulsados y el Gobierno no se ha vuelto a referir sobre Palmerola.

Castro había puesto fin al tratado al condenar la “injerencia” de Washington por criticar una reunión del entonces Ministro de Defensa, su sobrino José Manuel Zelaya, y el máximo jefe militar de Honduras con el titular de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino López, sancionado por Washington por narcotráfico.
“He asegurado el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas”, agregó este martes la presidenta hondureña, quien había considerado esas críticas, en voz de la embajadora estadounidense Laura Dogu, como parte de un “complot” de Washington.
El líder en el Congreso del opositor Partido Nacional de derecha, Tomás Zambrano, aseguró que Castro buscaba “proteger a la familia presidencial” pero “la presión popular” hizo que “retrocediera”.
Pocos días después denunciar el tratado, el cuñado de la Presidenta, Carlos Zelaya, hermano del ex Presidente derrocado y padre de José Manuel Zelaya, renunció a su curul de diputado, tras declarar ante la fiscalía sobre un video que circuló en el que se le ve reunido con un conocido narcotraficante hondureño.
Poco después el Ministro de Defensa renunció en solidaridad con su padre y, según dijo, para facilitar las investigaciones.
Carlos Zelaya asegura haber caído “en una trampa”, al reconocer que participó en 2013 en esa reunión donde el narco ofreció financiamiento para la campaña electoral del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda).
El cuñado de la Presidenta fue mencionado en marzo pasado en el juicio en el que fue condenado en Nueva York el ex Presidente Hernández.
Al presentar los cargos contra Hernández, la fiscalía estadounidense aseguró que Honduras era un “narco Estado”.
El ex jefe de Operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), Mike Vigil, celebró la reanudación del tratado.

Agencias.