Para “asegurar la disminución de los niveles de corrupción” en 22 de las 44 aduanas del país, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) propuso, a petición del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que personal militar (jefes y oficiales) “en situación de retiro” ocupen los cargos de administradores y subadministradores aduanales, que se autoricen 66 jefes de planta de resguardo aduanal y 66 jefes verificadores (tres por unidad).

Las aduanas factibles para que “personal militar ocupe cargos para inhibir las actividades de corrupción” son: Mexicali, Tecate y Tijuana en Baja California; Ciudad Acuña y Piedras Negras en Coahuila; Ciudad Juárez, Chihuahua, Ojinaga y Puerto Palomas en Chihuahua; Nogales y San Luis Río Colorado en Sonora; Altamira, Ciudad Camargo, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo en Tamaulipas; Manzanillo en Colima; Lázaro Cárdenas en Michoacán; Colombia en Nuevo León y Veracruz en Veracruz.

El SAT, que encabeza Margarita Ríos-Farjat, suscribió un convenio de colaboración en 2018 con Sedena, que sigue vigente, en el que mil 139 efectivos militares “proporcionan seguridad física” en las 44 instalaciones aduaneras que existen en el país, “sin sustituir las funciones del personal a cargo del recinto fiscal”.

MILENIO tiene en su poder el documento de propuesta en el que se detalla que las instalaciones aduaneras se localizan en dos grandes áreas estratégicas: en la franja fronteriza norte de 3 mil 169 kilómetros con 37 instalaciones y 952 efectivos, y en la franja fronteriza sur con mil 179 kilómetros, seis instalaciones y 166 militares. Además se da seguridad al Centro de Procesamiento de Datos en Querétaro con 21 efectivos.

En el nuevo esquema, que se encuentra en aprobación del área jurídica del SAT, se pretende que ahora ocupen puestos del más alto nivel, porque el “problema de la corrupción en las aduanas favorece las actividades de la delincuencia organizada como son tráfico de armas, drogas, precursores químicos, numerario y mercancía en general”.

Por lo mismo, y “por la afectación que genera a la delincuencia organizada y su red de corrupción, será necesario en algunos casos proporcionarles servicio de seguridad” a los funcionarios que puede estar a cargo de personal militar de la plaza en que se encuentre la aduana.

Sedena consultó a los comandantes de regiones militares que dieron informes incluso de aseguramiento de drogas y movimientos de migrantes. Por ejemplo, la segunda Región Militar destacó que en 2019 se aseguraron 114.3 kilogramos de fentanilo; 179.4 kilogramos de metanfetamina; mil 321.96 kilogramos de mariguana y que se realizaron actos de protesta pacíficos. La zona abarca desde El Chaparral en Baja California hasta Agua Prieta en Sonora.

La onceava Región Militar dijo que se agudizó la problemática del flujo de migrantes centroamericanos en los puntos de Ciudad Acuña, Piedras Negras, Ciudad Juárez y Ojinaga. Al igual, la séptima Región Militar apuntó que en la frontera sur del 13 de octubre de 2018 al 10 de abril de este año se internaron de manera irregular 47 mil 426 migrantes de centro y Sudamérica, el Caribe y África.

La décima Región Militar señaló que en el sur de Quintana Roo se presentaron confrontaciones físicas y verbales entre civiles y el personal del SAT, y en la cuarta zona, que supervisa de Nueva Laredo a Matamoros, reportó actos de corrupción que involucran a agentes aduanales que piden dinero por no revisar el equipaje, cobro de impuestos con recibos hechos a mano y multas elevadas para cruzar con mercancías.

Con información de Milenio.