La justicia estadounidense prohibió ayer al gobierno del presidente Donald Trump aplicar la deportación rápida a miles de migrantes a países distintos del suyo, sin darles oportunidad de demostrar sus temores de ser perseguidos, torturados o asesinados en esos lugares; también prohibió poner fin a las protecciones legales temporales para cientos de miles de venezolanos.
Ayer fue emitida una medida cautelar que respalda el dictamen del juez de distrito de Boston, Brian Murphy, que impide temporalmente a la administración Trump acelerar las expulsiones, y obstaculiza su capacidad para echar a migrantes sobre quienes pesan órdenes definitivas y que, en algunos casos, cuentan con protecciones legales para no ser devueltos a sus países.
Un panel de tres magistrados de la Corte de apelaciones del circuito 9 negó la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional que pretendía establecer una suspensión de emergencia al veto mientras apelan.
Asimismo, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó ayer a la justicia estadunidense bloquear la deportación de dos venezolanos que se encuentran detenidos en el norte de Texas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, en virtud de el mes pasado el juez federal de distrito Edward Chen determinó que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, revocó ilegalmente las protecciones que la administración del ex presidente Joe Biden otorgó a 350 mil venezolanos, y que les permitía vivir y trabajar en Estados Unidos.
La ACLU pidió que se prohíba la expulsión de cualquier migrante en la región con base en dicha norma, ante la emergencia de que las autoridades migratorias acusen a otros venezolanos de ser miembros de la pandilla Tren de Aragua, sin pruebas. En este contexto, una nueva evaluación de inteligencia de Washington no encontró vínculos entre Tren de Aragua y el gobierno de Venezuela, lo que contradice a funcionarios que justifican la deportación de venezolanos.
Por otra parte, el senador demócrata Chris van Hollen aseguró que Kilmar Armando Ábrego García, el hombre de Maryland deportado por error por la administración Trump, reportó haber estado traumatizado durante casi tres semanas en el CECOT, una prisión de máxima seguridad en El Salvador, antes de ser transferido a otro centro de detención donde permanece aislado, informó The New York Times. Van Hollen, que viajó a El Salvador para presionar por la liberación de Ábrego García y logró reunirse con el detenido tras sortear los obstáculos puestos por las autoridades salvadoreñas, añadió que éste fue trasladado hace nueve días del CECOT a una instalación de menor rigor en Santa Ana.
Van Hollen también acusó al gobierno de El Salvador de intentar pintar un cuadro de descanso placentero para Ábrego García. Denunció que las autoridades primero querían que la entrevista se realizara al lado de una piscina y luego arreglaron una puesta en escena que, tras su descripción, resonó en las redes sociales como el Margaritagate. Una de las personas del gobierno colocó sobre la mesa, durante su reunión de media hora con Ábrego, bebidas con sal o azúcar alrededor del borde, que parecen margaritas
Nadie bebió margaritas ni agua azucarada ni lo que sea, aseveró el demócrata y señaló que toda la situación era una lección sobre las medidas que el presidente Nayib Bukele tomará para engañar a la gente sobre lo que está sucediendo.
En tanto, la Casa Blanca corrigió la cabeza de una nota que publicó The New York Times sobre la reunión de Ábrego Gacía con Van Hollen para mofarse y reiterar que se trata de un miembro de la pandilla criminal MS-13 y que no volverá al país.
