El líder del Senado de México dijo este martes que entre los miles de candidatos revisados para la primera elección por voto popular del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio, hay algunos con presuntos nexos criminales.
El líder del Senado de México dijo este martes que entre los miles de candidatos revisados para la primera elección por voto popular del Poder Judicial, prevista para el 1 de junio, hay algunos con presuntos nexos criminales.
Tras una reforma constitucional aprobada por el oficialismo de izquierda y criticada por la oposición y varios sectores, México elegirá por primera vez a sus jueces y magistrados a través de elecciones populares, un ejercicio único en el mundo
Gerardo Fernández Noroña, legislador del partido oficialista Morena, llamó este martes a las autoridades electorales a cancelar las aspiraciones de algunos candidatos porque “no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”.
No mencionó nombres o números, pero subrayó que “no son muchos” y que el hallazgo no pone en riesgo los comicios en los que se eligen 881 cargos judiciales federales, incluidos nueve ministros de la Suprema Corte, y 1,749 locales.
Medios locales han señalado particularmente el caso de Silvia Delgado, quien aspira a ser jueza penal y participó en el equipo legal del capo Joaquín “El Chapo” Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.
El Senado fue uno de los encargados de revisar los perfiles de los aspirantes y el que realizó el sorteo para definir a los candidatos.
Un puñado de candidatos, algunos que ya han sido jueces, son señalados de haber liberado a criminales o de tener vínculos con desapariciones, asesinatos o con delitos de violencia de género.
La modificación a la carta magna fue promovida por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien se enfrentó a jueces y a ministros de la Suprema Corte que acusaba de presunta corrupción.
La mayoría de miembros de la Suprema Corte mexicana, Estados Unidos y una relatoría de la ONU advirtieron que esta intervención del voto ciudadano amenaza la independencia de poderes, pues los jueces podrían ser objeto de manipulaciones políticas y del narcotráfico.
