Alejandro Irarragorri Gutiérrez, propietario del club de futbol Santos Laguna, fue declarado prófugo de la justicia y es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por una presunta defraudación fiscal de más de 17 millones de pesos.
El directivo compareció el pasado 20 de marzo vía videoconferencia, pero el juez de control ordenó que la audiencia se realizara de forma presencial. Fue citado para el 24
Tras su inasistencia, Karla Cecilia Marín, asistente de Registros del Centro de Justicia Penal Federal en Torreón, lo declaró “evadido de la justicia”.
Irraragorri se convierte así en el primer dirigente de un equipo de Primera División en enfrentar una persecución judicial de esta magnitud en más de una década.
Club Santos Laguna incurrió en prácticas fiscales ilegales al pagar salarios a jugadores y cuerpo técnico disfrazados como “primas de riesgo de trabajo”, confirmó el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). La maniobra, realizada durante el ejercicio fiscal de 2014, fue utilizada para evadir el pago de Impuesto sobre la Renta (ISR) y está en el centro de una investigación penal contra el dueño del equipo, Alejandro Irarragorri Gutiérrez.
Según la resolución del TFJA, el club pretendía deducir 97.6 millones de pesos mediante un contrato colectivo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Hotelera, simulando una relación laboral distinta a la real. Sin embargo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó la deducción y el tribunal avaló la decisión.
Además, se confirmó la deducción ilegal de otros conceptos: pagos a un proveedor clasificado por el SAT como facturero por 94 mil pesos, erogaciones sin sustento a una empresa de detección de talentos y el pago de sanciones disciplinarias impuestas por la Femexfut, por 218 mil pesos.
En paralelo, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Irarragorri por un presunto fraude fiscal de 17 millones 69 mil 865 pesos, correspondiente al ISR no enterado de los salarios pagados a los jugadores entre enero y julio de 2017. La querella fue presentada por la Procuraduría Fiscal de la Federación y dio origen a una carpeta de investigación desde el 31 de marzo de 2023.
