La Corte Suprema de Justicia dio luz verde este lunes al gobierno de Trump a revocar las protecciones legales especiales para miles de inmigrantes venezolanos.
El alto tribunal concedió una solicitud de emergencia presentada por el gobierno, lo que significa que las autoridades pueden proceder a revertir la decisión tomada al final del gobierno de Biden de extender las protecciones para más de 300,000 venezolanos bajo el programa federal de Estatus de Protección Temporal (TPS).
La breve orden señaló que la jueza liberal Ketanji Brown Jackson habría denegado la solicitud. El litigio continuará ahora en tribunales inferiores.
Como resultado de la inestabilidad política en Venezuela, el gobierno de Biden declaró en marzo de 2021 que los venezolanos eran elegibles para el Estatus de Protección Temporal (TPS) bajo el programa federal que existe desde 1990 para brindar ayuda humanitaria a personas de países afectados por guerras, desastres naturales u otras catástrofes.
El programa concede a las personas aceptadas un estatus legal en Estados Unidos y pueden obtener autorización de trabajo por hasta 18 meses, sujeto a prórrogas.
El tema discutido en la Corte Suprema fue una designación posterior, realizada en octubre de 2023 y extendida en enero, justo antes de que Trump asumiera el cargo. Su vencimiento está previsto para octubre de 2026.
En febrero, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, intentó revertir dichas determinaciones, lo que significa que las protecciones expirarían este año.
Un juez del Distrito Norte de California bloqueó la medida, alegando la preocupación de que la decisión se basara en parte en la animadversión racial.
El Fiscal General, John Sauer, escribió en la solicitud de emergencia del gobierno que los tribunales no podían revisar la decisión de Noem.
“La orden del tribunal contraviene prerrogativas fundamentales del poder ejecutivo y retrasa indefinidamente decisiones políticas sensibles en un área de la policía migratoria que el Congreso reconoció que debe ser flexible, ágil y discrecional”, declaró.
La Alianza Nacional del TPS y ciudadanos venezolanos impugnaron la medida en los tribunales.
Sus abogados escribieron que el gobierno de Trump, en esencia, buscaba evadir la revisión judicial sobre el alcance de sus propias facultades.
“No debería ser sorprendente que sean los tribunales federales quienes digan cuál es la ley”, añadieron.
