La Corte Suprema de Estados Unidos falló este jueves a favor de dos empresas de armas al impedir demandarlas por el Gobierno de México, que las responsabilizaba de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y contribuir a la violencia en el país.

Con una decisión de 9 votos contra 0, los magistrados anularon la resolución de un tribunal inferior que permitía continuar con la demanda presentada por México en 2021 en la ciudad de Boston, contra el fabricante Smith & Wesson y el distribuidor Interstate Arms.

La demanda alegaba que ambas compañías habían ayudado e instigado la venta ilícita de armas de fuego, en violación de varias leyes tanto de Estados Unidos como de México.

Según el argumento del Gobierno mexicano, las empresa mantenían de forma deliberada un sistema de distribución que involucraba a comercaintes que vendían armas a “compradores de paja” ─personas que obtienen armamento a nombre de otros─,  los cuales después traficaban  las armas a organizaciones del crimen organizado en México.

La demanda también acusaba a Smith & Wesson e Interstate Arms de diseñar y promocionar sus productos de forma ilegal “como si fueran de grado militar”, lo que, según México, incentivaba su uso entre los grupos de delincuencia organizada. En el texto legal, incluso se señala que las armas que se presentaban asociadas al Ejército y fuerzas de seguridad de Estados Unidos para aumentar su atractivo.

Las empresas demandas argumentaron que fabrican y comercializan productos d forma legal, y solicitaron que el caso fuera desestimado con base en la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas de 2025, una normativa estadounidense que impide que los fabricantes de armas sean responsabilizados  por crímenes cometidos con sus productos.

Aunque la Corte de Apelaciones de Boston había permitido seguir adelante con la demanda ─considerando que las acciones de las empresas que podrían quedar fuera  de esa protección legal─, la Corte Suprema revocó esa interpretación y puso fin al litigio.

El Gobierno mexicano sostiene que más del 70 % de las armas utilizadas en homicidios en su territorio provienen de Estados Unidos, y estima que el tráfico ilegal genera pérdidas superiores a 250 millones de dólares anuales. La decisión de la Corte representa un duro revés para su estrategia legal internacional.

Este fallo podría dificultar futuros intentos por parte de México u otros gobiernos de responsabilizar a la industria armamentista estadounidense por la violencia transnacional relacionada con el tráfico de armas.