El Departamento de Estado de Estados Unidos ha implementado una nueva norma, enmarcada en la política de “carga pública” impulsada por la administración de Donald Trump, que permite a los funcionarios consulares rechazar solicitudes de la “green card” (tarjeta de residencia) a personas que padezcan enfermedades crónico-degenerativas.
La directriz obliga a los oficiales a revisar el historial médico de los solicitantes (incluyendo padecimientos como obesidad, diabetes, cáncer, y enfermedades cardiovasculares, respiratorias o neurológicas) para evaluar si su condición de salud podría llevarlos a depender de la asistencia médica pública del gobierno estadounidense.
Para evitar la negación, el solicitante debe demostrar que tiene recursos económicos suficientes o un seguro médico privado que cubra la totalidad de sus gastos de atención médica sin recurrir a ayudas estatales.
Esta disposición otorga a los funcionarios consulares una gran libertad para negar la residencia basándose en estas preocupaciones médicas. Se anticipa que esta medida afectará desproporcionadamente a los migrantes hispanoamericanos, dado que esta población presenta tasas elevadas de obesidad y diabetes.
