La presidenta Claudia Sheinbaum dio un paso más en el proceso legal derivado del acoso que sufrió recientemente en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Informó que ha remitido a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) un reporte detallado del incidente para que se integre a la carpeta de investigación ya abierta contra el agresor.
Sheinbaum explicó que, aunque el reporte se suma a las imputaciones existentes, si es necesario, presentará formalmente una denuncia para asegurar que el delito no quede impune. La presidenta ha enfatizado que decidió denunciar no solo por su caso, sino en representación de las mujeres mexicanas y para visibilizar una problemática que afecta a casi la mitad de ellas en el país.
El Acosador Enfrenta Imputaciones Previas
El sujeto, identificado como Uriel “N” (o Uruel Rivera Martínez, según reportes), fue detenido inmediatamente después del incidente, el cual ocurrió cuando se acercó a la mandataria por la espalda e invadió su espacio personal. La FGJCDMX inició una investigación por abuso sexual, y el agresor ya fue vinculado a proceso por este delito, enfrentando además otras dos denuncias por acoso. Ha sido trasladado al Reclusorio Norte.
Impulso a la Legislación Nacional
Aprovechando la visibilidad del caso, Sheinbaum anunció un esfuerzo a nivel nacional:
El próximo martes, en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, el Gobierno presentará una iniciativa para equiparar el acoso sexual como delito grave a nivel estatal en toda la República.
La propuesta cuenta con el acuerdo de diversos gobiernos y fiscalías estatales con el objetivo de homologar los códigos penales y asegurar que el acoso sea penalizado de manera efectiva en todo el territorio.
También se lanzará una campaña en medios para prevenir estas prácticas y concientizar a la ciudadanía, incluyendo mensajes dirigidos a los hombres.
La mandataria ha subrayado que este plan busca no solo la sanción, sino también facilitar las denuncias en los Ministerios Públicos, evitando que el proceso legal se convierta en una barrera para las víctimas de violencia sexual.
