Al menos 50 organizaciones defensoras de derechos humanos reprobaron que Alejandro Gertz Manero se retire de la Fiscalía General de la República (FGR) en un proceso sin transparencia, con múltiples dudas y cuestionamientos y sin haber rendido cuentas de su gestión.
Organizaciones no gubernamentales como “Artículo 19” y “México Evalúa”, acusaron que las fiscalías han sido usadas por los gobiernos como instrumento de control político
“La carta de Gertz Manero no fue una renuncia formal ni cumplió con los requisitos constitucionales, aún así el Senado aprobó su separación pese a no haber manifestado una causa grave, como lo establece la Constitución”, señalaron organizaciones como Fundación para la Justicia.
A través de un comunicado, indicaron que la falta de transparencia de las autoridades respecto de los verdaderos motivos de la separación de Gertz Manero, “son una muestra de una gestión opaca, caracterizada por un actuar autoritario y una absoluta ausencia de rendición de cuentas a la ciudadanía”.
Acusaron que las fiscalías en México han sido usadas, por los gobiernos en turno, como instrumento de control político, para combatir adversarios o para garantizar pactos de impunidad en perjuicio de la sociedad. Afirmaron que las fiscalías no investigan diligentemente ni garantizan justicia a las víctimas, por el contrario las revictimizan y muchas veces inhiben la presentación de denuncias, ya sea intencionalmente o por el temor de que los ministerios públicos o policías de investigación tengan vínculos criminales que les expongan a mayores riesgos.
“El manejo exprés de la renuncia de Gertz Manero, muestra que el Poder Ejecutivo y la 4T, quieren seguir teniendo el control político sobre la fiscalía. Basta ver cómo operaron en tiempo récord, la renuncia de la Consejera Jurídica, su nombramiento por parte de Gertz Manero y su designación como encargada del despacho de la FGR”, recriminaron.
Así, exigieron al Senado de la República que garantice un proceso serio, y con los tiempos que se requieran, de selección público, abierto, transparente y con mecanismos de participación ciudadana para designar a la nueva persona titular de la FGR; que retome estándares internacionales para definir el perfil idóneo que deben cubrir las personas candidatas, las características a evaluar y una metodología objetiva que incluya entrevistas públicas y un verdadero escrutinio público.
