La Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Aguas con 328 votos a favor y 131 en contra. Esta reforma clave tiene como objetivo principal redefinir la gestión del agua en México, buscando recuperar la rectoría del Estado, frenar el acaparamiento y garantizar el derecho humano al recurso, especialmente para comunidades rurales e indígenas.
El Agua como Bien Estratégico
Según el dictamen defendido por el titular de la Conagua, Efraín Morales, la ley consagra que el agua deja de ser considerada una mercancía y pasa a ser reconocida como un bien estratégico bajo control estatal.
La reforma incluye las siguientes disposiciones clave:
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Rectoría Estatal: El Estado será la única autoridad facultada para otorgar concesiones.
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Fin de la Mercantilización: Se elimina la compra, venta o transferencia de títulos de agua entre particulares, prácticas que, según el gobierno, facilitaron la concentración de derechos desde 1992.
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Transparencia y Protección: Se crea el Registro Público de Agua Nacional, un Fondo de Reserva de Aguas para comunidades sin acceso y se contempla la cancelación de concesiones que estén acaparadas o sin uso.
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Regulación: La ley endurece las sanciones por robo de agua y regula las obras privadas de captación pluvial que alteran los ciclos hidrológicos.
Críticas y Defensa Gubernamental
Productores agrícolas, principalmente del norte del país, han manifestado su preocupación, argumentando que la eliminación de la transmisión privada de concesiones genera incertidumbre, ya que el acceso al agua es parte del valor de sus tierras. Señalan que falta claridad en los nuevos trámites y en la protección de sus derechos históricos.
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Defensa de Conagua: Efraín Morales afirmó que la reforma plantea un “profundo cambio” que permitirá combatir el mercado negro del agua. Acusó a grupos de intereses previamente favorecidos de impulsar una “campaña de desinformación” en contra de la ley.
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Postura Presidencial: La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la ley, sosteniendo que quienes la rechazan es porque mantienen “muchísimas concesiones de agua”, muchas de ellas irregulares o sin uso, y es necesario “poner orden”.
