El presidente del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Néstor Vargas Solano, reveló en su primer informe de labores que el extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF) dejó un déficit financiero de casi 14 mil millones de pesos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), además de carencias graves en mantenimiento de infraestructura y falta de insumos esenciales para la labor jurisdiccional.
De acuerdo con el funcionario, esta falta de recursos puso en riesgo el pago de salarios de más de 50 mil trabajadores durante la primera quincena de septiembre, debido a que el tabulador de pago vigente dejó de funcionar el 31 de agosto de 2025, sin que se hubiera creado uno nuevo.
Vargas Solano subrayó que las irregularidades heredadas afectaron la impartición de justicia federal, incluyendo el deterioro de inmuebles y equipos de impresión y escaneo, así como una falta de coordinación administrativa entre unidades del antiguo CJF.
En el informe estuvieron presentes integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representantes del Congreso de la Unión y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
El nuevo Órgano de Administración Judicial afirmó que ya dio vista a la Contraloría para que investigue estas anomalías y se implementen medidas correctivas, parte de una reforma orientada a depurar y transparentar la gestión de los recursos públicos en el sistema judicial.
Relevancia: El hallazgo de este faltante millonario en una de las instituciones clave del Estado mexicano pone sobre la mesa la urgencia de una mayor transparencia y supervisión en la administración de los recursos públicos, así como posibles investigaciones sobre la gestión del extinto Consejo de la Judicatura Federal
