Tras años de litigios, el plazo legal para Grupo Salinas ha llegado a su fin. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) confirmó que, tras el fallo definitivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el conglomerado empresarial deberá realizar el pago de 51 mil millones de pesos por conceptos de impuestos omitidos entre 2008 y 2013.
La notificación y el proceso de pago
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el titular del SAT, Antonio Martínez Dagnino, explicó que las instancias de impugnación se han agotado. El organismo notificará formalmente el requerimiento de pago en enero de 2026, momento en el que iniciará el plazo para el cumplimiento voluntario de la obligación.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó que este es un asunto estrictamente jurídico y administrativo. “Nos sujetamos a lo que dice la ley. Esperamos que se pague en enero; de lo contrario, iniciará el proceso posterior que marca la normativa”, señaló la mandataria.
Posibles ajustes y beneficios legales
A pesar del monto total, el Código Fiscal de la Federación contempla mecanismos para los contribuyentes que muestren voluntad de pago:
-
Descuentos permitidos: Las empresas tienen derecho a solicitar ajustes a la baja de hasta un 39%, dependiendo del esquema de pago y conforme a las sentencias de los tribunales previos.
-
Supervisión institucional: La Procuraduría Fiscal y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno vigilarán que cada paso del proceso se realice con estricto apego a la legalidad.
Cronología de un conflicto fiscal de una década
El adeudo tiene su origen en auditorías realizadas por el SAT en 2013, donde se detectaron irregularidades en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de seis ejercicios fiscales consecutivos (2008-2013).
Tras una serie de amparos y recursos legales que llegaron hasta la máxima instancia judicial del país, la SCJN desechó este año los últimos recursos de la empresa, ratificando la validez de los cobros determinados por la autoridad tributaria.
Martínez Dagnino concluyó recordando que, según el artículo 31 de la Constitución, contribuir al gasto público de manera proporcional es una obligación de todos los ciudadanos y empresas en México.
