México enfrenta una crisis en su sistema de asilo, luego de que datos oficiales revelan que solo 3% de las personas migrantes que solicitan protección logran obtenerla, mientras miles permanecen en un limbo legal durante meses o incluso años.
De acuerdo con cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), entre octubre de 2024 y junio de 2025 se otorgaron apenas 5 mil 191 tarjetas por razones humanitarias, frente a más de 140 mil solicitudes de asilo registradas en ese mismo periodo.
Un cuello de botella en el sistema de refugio
Organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que la baja tasa de reconocimiento se debe a:
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Saturación de la COMAR, con personal y presupuesto insuficientes.
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Retrasos en los trámites, que pueden extenderse por más de un año.
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Falta de certeza jurídica, lo que impide a los migrantes trabajar formalmente o desplazarse libremente.
Mientras esperan una resolución, miles de solicitantes quedan atrapados sin acceso pleno a servicios de salud, empleo estable o educación, lo que agrava su vulnerabilidad.
Migrantes en un “limbo legal”
Activistas advierten que, aunque las tarjetas por razones humanitarias permiten una estancia temporal, no garantizan el reconocimiento como refugiados, dejando a las personas en una situación precaria.
“La mayoría no recibe una respuesta clara y vive en constante incertidumbre, sin saber si podrá quedarse legalmente o será devuelta a su país de origen”, señalan defensores de migrantes.
Contexto regional
México se ha convertido en uno de los principales países receptores de solicitudes de asilo en América Latina, debido al aumento de flujos migratorios provenientes de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, así como a las restricciones para ingresar a Estados Unidos.
Sin embargo, especialistas alertan que el país no ha fortalecido su sistema de refugio al ritmo del crecimiento migratorio, lo que deriva en rezagos históricos y una respuesta limitada frente a la demanda.
Llamado a las autoridades
Organismos civiles exhortaron al gobierno federal a:
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Reforzar la COMAR con más recursos y personal.
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Agilizar los procesos de asilo.
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Garantizar derechos básicos mientras se resuelven las solicitudes.
