Las familias de los diez trabajadores mineros desaparecidos desde el pasado 23 de enero en el municipio de Concordia, Sinaloa, pidieron al Gobierno federal intensificar la búsqueda y atraer la investigación, mientras crece la inquietud por la falta de resultados y la grave inseguridad en la zona.
Llamado de los familiares
La señora Paula Delgado, esposa de uno de los mineros, solicitó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al secretario de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, que refuercen el número de agentes y recursos dedicados a localizar a los desaparecidos. Delgado pidió que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga oficialmente las investigaciones para acelerar el hallazgo de sus seres queridos.
Asimismo, familiares de otros trabajadores, como el ingeniero Pablo Osorio Sánchez, han expresado desesperación por la falta de información y han urgido a Sheinbaum a intervenir personalmente.
Operativo en marcha
Las autoridades han desplegado un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales para encontrar a los mineros, con participación de la FGR, la Agencia de Investigación Criminal, Guardia Nacional, Ejército y otras corporaciones.
Durante estas labores se han:
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Localizado restos humanos y cuerpos en la zona del municipio de Concordia, uno de los cuales presenta características que podrían corresponder a uno de los trabajadores reportados como desaparecidos, aunque se trabaja para confirmar la identidad mediante peritajes.
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Detenido a cuatro personas presuntamente vinculadas con la desaparición de los mineros.
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Descubierto una fosa clandestina en el área de búsqueda, lo que apuntala las hipótesis de un secuestro por parte de grupos criminales.
Contexto del caso
Los diez trabajadores —que incluían ingenieros, especialistas y personal de seguridad— fueron reportados como secuestrados por un comando armado en un sitio minero operado por la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. en Concordia, Sinaloa.
El estado de Sinaloa ha sido escenario de violencia y disputas entre facciones del Cártel de Sinaloa, lo que ha generado gran inseguridad y aumentado el riesgo para las operaciones mineras y las comunidades locales.
Demandas de acción federal
Los familiares han pedido:
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Que la investigación sea atraída por la Fiscalía General de la República para agilizar resultados y coordinar esfuerzos a nivel nacional.
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Mayor presencia y recursos federales de seguridad para reforzar la búsqueda en zonas de difícil acceso y con presencia criminal.
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Comunicación clara y constante con las autoridades, tras la angustia de no tener información directa sobre el paradero de sus seres queridos
