La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que el próximo lunes enviará al Senado una iniciativa de reforma al artículo 127 constitucional. El proyecto busca establecer límites estrictos a las jubilaciones de exfuncionarios de altos mandos y personal de confianza de entidades públicas, eliminando lo que la mandataria calificó como “pensiones de privilegio”.
El impacto de la reforma
La iniciativa propone que ninguna pensión de exfuncionarios de altos mandos pueda exceder el 50% de la remuneración percibida por la titular del Ejecutivo Federal.
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Tope máximo: De aprobarse, estas pensiones se reducirán a un monto estimado de 70 mil pesos mensuales.
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Ahorro proyectado: El Gobierno de México estimó que esta medida generará un ahorro de 5 mil millones de pesos, los cuales se destinarán directamente a programas de bienestar.
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Sin retroactividad: Sheinbaum aclaró que la reforma no será retroactiva sobre lo ya cobrado, pero ajustará los pagos futuros una vez aprobada. Además, indicó que la medida no afectará a trabajadores con contratos colectivos de trabajo ni a ministros.
Radiografía de las pensiones “exorbitantes”
Durante la conferencia matutina, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, detalló las cifras que motivan esta reforma:
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Luz y Fuerza del Centro (LyFC): Se informó que 9,457 exfuncionarios reciben pensiones de entre 100 mil y un millón de pesos mensuales. Este organismo tiene jubilaciones que representan hasta 140 veces más que el promedio nacional.
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Pemex: Existen 544 pensionados con montos superiores al salario presidencial. En total, el gasto anual en jubilaciones de confianza en esta paraestatal asciende a 24,844 millones de pesos.
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CFE: Se señaló que 2,199 personas perciben pensiones que superan las percepciones netas de la Presidenta, con un costo anual de 4,496 millones de pesos.
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Banca de Desarrollo: Se confirmaron casos similares en Nafin (9 pensionados), Banobras (19) y Bancomext (22), cuyos montos también rebasan el ingreso de la titular del Ejecutivo.
Fundamentos de la iniciativa
Estela Damián, consejera jurídica de la Presidencia, explicó que el proyecto de decreto se rige por los principios de austeridad republicana y responsabilidad financiera.
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Alcance: La reforma incluye a organismos descentralizados, fideicomisos públicos, empresas de participación estatal y banca de desarrollo.
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Excepciones: Se precisó que las jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo quedan exentas para no vulnerar los derechos de la base trabajadora.
La mandataria sostuvo que la reforma busca corregir injusticias históricas, contrastando las pensiones de un millón de pesos con su propia proyección de retiro, la cual estimó en un máximo de 30 mil pesos mensuales bajo el régimen del ISSSTE.
