El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado que elevará el arancel global sobre las importaciones de todos los países del 10 % al 15 %, apenas un día después de que la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueara parte de su política arancelaria anterior, en un nuevo giro de su estrategia comercial que podría intensificar tensiones con socios económicos y mercados internacionales.
La decisión del máximo tribunal estadounidense, en una votación de 6-3, determinó que Trump había excedido su autoridad al imponer amplios aranceles bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), al considerar que esa legislación no permite gravar importaciones de manera tan expansiva sin autorización del Congreso.
Como respuesta, el mandatario anunció que utilizará otra base legal, la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza temporalmente aranceles de hasta 15 % sobre bienes extranjeros por un periodo de hasta 150 días, mientras se trabajan nuevas medidas comerciales que cumplan con los requisitos legales, según explicó en una publicación en su red social.
“El arancel global del 10 % … lo elevaré al nivel del 15 %, totalmente permitido y legalmente probado”, escribió Trump, quien además calificó el fallo judicial como una decisión “anti-estadounidense” y reiteró su postura proteccionista para proteger industrias locales de prácticas comerciales injustas.
El arancel global se aplica además de las tarifas ya vigentes bajo otras leyes comerciales de EE. UU., y la administración indicó que revisará y ajustará los niveles arancelarios específicos por país en los próximos meses dentro del marco jurídico aplicable.
El anuncio ha generado inquietud entre economistas y gobiernos extranjeros debido al impacto potencial sobre las cadenas de suministro, los precios al consumidor y los flujos comerciales, justo cuando varias economías enfrentan presiones inflacionarias y desafíos en sus relaciones comerciales con Washington.
La Corte Suprema, por su parte, reafirmó con su fallo la necesidad de que el Congreso tenga un papel central en políticas tarifarias de gran alcance, aunque la decisión no invalida completamente todos los mecanismos legales que el Ejecutivo puede utilizar para imponer restricciones comerciales.
Este nuevo capítulo de la política comercial estadounidense pone en el centro del debate los límites constitucionales del poder ejecutivo en materia de comercio exterior y las implicaciones para la economía global en un momento de alta incertidumbre.
