Las comisiones del Senado de la República aprobaron por unanimidad una reforma constitucional que busca poner límite a las llamadas pensiones “doradas” de altos mandos en empresas del Estado, organismos públicos y banca de desarrollo, iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
La modificación al Artículo 127 de la Constitución fue avalada con 32 votos en las comisiones de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, presididas por los senadores Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza. El dictamen será discutido y votado próximamente en el pleno.
De aprobarse de manera definitiva, la reforma reduciría pensiones que actualmente alcanzan hasta un millón de pesos mensuales, para fijarlas en 70 mil pesos, equivalente a la mitad del salario que percibe la persona titular del Poder Ejecutivo.
El objetivo, según el dictamen, es generar un ahorro estimado de cinco mil millones de pesos al año en recursos públicos.
Posturas encontradas
Aunque legisladores del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano votaron a favor en comisiones, algunos expresaron críticas al contenido de la reforma.
El senador del PAN Ricardo Anaya señaló que respaldan la eliminación de pensiones “escandalosas”, pero propuso que el monto máximo se establezca en Unidades de Medida y Actualización (UMAs) y no con base en el salario presidencial.
Por su parte, la senadora del PRI Carolina Viggiano cuestionó que la medida tenga efectos retroactivos, al considerar que podría afectar contratos previamente establecidos con exfuncionarios.
En contraste, el senador de Morena Pável Jarero defendió la iniciativa al señalar que no es justo que la mayoría de los mexicanos reciba pensiones promedio de siete mil pesos, mientras algunos exfuncionarios perciben jubilaciones millonarias financiadas con recursos públicos.
La reforma también contempla ajustes a pensiones en instituciones como Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad, Banco de México y Nacional Financiera.
El debate final se espera en el pleno del Senado, donde los legisladores definirán si la reforma avanza para su promulgación.
