La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó que se analice la transferencia o devolución de los vehículos adquiridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras la polémica generada por la compra de unidades blindadas para ministros.
El caso surgió luego de que se diera a conocer la adquisición de camionetas de lujo con blindaje, cuyo costo individual alcanzaría entre 1.5 y 3 millones de pesos, lo que provocó críticas por presuntos excesos en el uso de recursos públicos.
Ante esta situación, la mandataria federal pidió al Poder Judicial aclarar el destino, justificación y condiciones de la compra, al considerar necesario transparentar este tipo de decisiones frente a la ciudadanía.
Sheinbaum señaló que, aunque se le informó que la operación podría representar un ahorro respecto a esquemas anteriores de arrendamiento, corresponde al propio Poder Judicial explicar a detalle el manejo de estos recursos públicos.
En medio de la presión pública, la SCJN anunció que sus integrantes no utilizarán las camionetas y solicitarán su devolución o reasignación, principalmente a jueces que enfrentan mayores riesgos en el ejercicio de sus funciones.
El máximo tribunal argumentó que la renovación del parque vehicular respondió a criterios de seguridad, ya que las unidades anteriores no cumplían con los estándares necesarios; sin embargo, la decisión fue cuestionada por contradecir el discurso de austeridad que ha marcado al actual Poder Judicial.
La controversia también ha reavivado el debate sobre la transparencia y el uso de recursos en el Poder Judicial, en un contexto donde el Gobierno federal insiste en la necesidad de rendición de cuentas en todos los niveles.
Finalmente, la presidenta reiteró que este tipo de casos deben aclararse plenamente, subrayando que la ciudadanía exige instituciones más transparentes y responsables en el manejo del dinero público.
