Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos empresas de Texas demandaron a Petróleos Mexicanos el pago de 600 millones de dólares, por un supuesto fraude en contratos para fabricar módulos de perforación para plataformas petroleras.

Loadmaster Universal Rigs y Kennedy Fabricating alegan ante la Corte para el Distrito Sur de Texas que Pemex incumplió contratos por 228.8 millones de dólares, firmados en diciembre de 2014, para fabricar los módulos.

Los contratos no fueron firmados directamente con Pemex, sino con los fideicomisos F/1859 y F/1860, creados en Deutsche Bank y financiados por BBVA-Bancomer, de los que era beneficiaria la empresa estatal, entonces dirigida por Emilio Lozoya.

En 2016, tras la llegada de José Antonio González Anaya a la Dirección General de Pemex y la caída de precios del petróleo, funcionarios empezaron a pidir ajustes a los módulos, y a solicitar retrasos en la entrega, hasta que finalmente se dieron por terminados los contratos de manera unilateral en septiembre de 2016.

“Las acciones ilegales de los demandados han provocado daños por cientos de millones de dólares, la pérdida de innumerables empleos en Texas, y han puesto a varias compañías al borde de la bancarrota”, alega la demanda.

“(Pemex) hizo declaraciones falsas, rompió promesas e interfirió dolosamente para afectar los contratos”.

La demanda fue presentada originalmente en 2018 ante una corte local del Condado de Harris, pero el pasado 18 de julio fue transferida a una corte federal en Houston. Las empresas reclaman pago de daños y perjuicios por 200 millones de dólares, más daños punitivos por el doble de esa cantidad.

Los módulos, que son estructuras altamente complejas, estaban terminados en 90 y 72 por ciento para febrero de 2016, y cuando Pemex canceló los contratos en septiembre, alegó problemas técnicos que, según las empresas, eran menores.

Miguel Angel Lara Segura, especialista de Pemex que viajó a Houston en febrero de 2016, no reportó fallas técnicas o de construcción, y los retrasos en la entrega habían sido solicitados por la empresa estatal mexicana, porque las plataformas en las que se instalarían los módulos no estaban listas.

Universal Rigs y Kennedy Fabricating se dicen engañadas porque Pemex no tenía la intención de adquirir los módulos de manera incondicional, sino que la decisión final en realidad estaba sujeta a la evolución de los precios del petróleo y consideraciones políticas locales, lo que explica el uso de los fideicomisos para evitar la firma directa de los contratos.

Pemex se ha negado a participar en un arbitraje, como se pactó en los contratos, con el argumento de que éstos solo obligan a los fideicomisos.

La filial de Pemex que eligió a las contratistas fue Pemex Procurement International (PPI), una entidad con sede en Houston, que fue responsable de compras en el extranjero, entre ellas un jet ejecutivo Gulfstream 550 y un Cessna Citation Sovereign, que costaron 55 y 15 millones de dólares y fueron pagados de contado en 2014.