La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, tras una solicitud presentada por diputados de Morena por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Con esta decisión, el mandatario estatal será notificado oficialmente y contará con un plazo de 15 días hábiles para presentar su defensa, ya sea por escrito o mediante una comparecencia ante el Poder Legislativo local.
El procedimiento surge en medio de señalamientos sobre una presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos y empresas vinculadas con familiares del gobernador. De acuerdo con investigaciones difundidas en meses recientes, las autoridades federales analizan movimientos financieros que habrían beneficiado a negocios relacionados con su entorno familiar.
Entre las acusaciones destaca el presunto desvío de más de mil millones de pesos mediante contratos y operaciones que, según las indagatorias, terminaron favoreciendo a empresas ligadas a familiares de García.
Por su parte, el gobernador ha rechazado las acusaciones y aseguró que los señalamientos ya fueron revisados previamente por autoridades de Nuevo León, las cuales determinaron que no existían elementos para proceder penalmente.
El avance del juicio político marca un nuevo capítulo en la confrontación entre el Congreso local y el mandatario estatal, quien ahora deberá responder formalmente a las acusaciones ante los legisladores.
