Con el propósito de fortalecer las políticas de inclusión y generar mejores condiciones laborales para las y los funcionarios con discapacidad, el Gobierno de Tamaulipas lleva a cabo un censo del personal con discapacidad que labora en las distintas dependencias de la administración estatal, informó el secretario ejecutivo del Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad de Tamaulipas (SIPRODDIS), Bryhan Eleazar Arellano Rodríguez.
En entrevista, el funcionario explicó que este ejercicio permitirá contar con información actualizada y precisa sobre el número de servidoras y servidores públicos con discapacidad que forman parte del Gobierno del Estado, así como conocer sus características y necesidades, con el objetivo de fortalecer las acciones institucionales en materia de inclusión laboral.
Arellano Rodríguez señaló que, de manera preliminar, se estima que alrededor de 600 personas con discapacidad trabajan actualmente en la administración estatal, cifra que será precisada conforme avance el levantamiento de información en las diferentes dependencias.
Destacó que la actual administración, encabezada por el gobernador Américo Villarreal Anaya, se ha caracterizado por impulsar mayores oportunidades para este sector de la población, promoviendo una visión humanista que busca eliminar barreras y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos.
“Esta administración ha abierto más espacios para las personas con discapacidad y este censo nos permitirá tener un panorama claro de dónde están, qué funciones desempeñan y cuáles son las condiciones que debemos seguir fortaleciendo para garantizar una verdadera inclusión laboral”, señaló.
El titular del SIPRODDIS destacó que contar con un diagnóstico actualizado representa una herramienta fundamental para diseñar políticas públicas más eficaces y avanzar hacia entornos laborales accesibles, incluyentes y libres de discriminación.
Asimismo, resaltó que la inclusión laboral no debe limitarse a la generación de empleos, sino que debe contemplar igualdad de oportunidades, accesibilidad, desarrollo profesional y condiciones dignas de trabajo, de acuerdo con los principios de derechos humanos.
