La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó presuntas irregularidades por 728.13 millones de pesos en el manejo de recursos públicos del Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, que habrían terminado en un despacho jurídico vinculado a su familia.
De acuerdo con las revisiones del organismo fiscalizador, los movimientos involucraron contratos gubernamentales, empresas proveedoras e intermediarios que habrían servido para transferir el dinero hacia Firma Jurídica y Fiscal, despacho de familiares del mandatario estatal.
Entre las operaciones señaladas destacan recursos destinados a seguridad pública, de los cuales 60.4 millones de pesos habrían llegado al despacho mediante empresas intermediarias. También se identificaron transferencias por 385.3 millones de pesos relacionadas con contratos para la construcción de las líneas 4 y 6 del Metro de Monterrey.
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Desvíos de Samuel García involucran al Congreso local
La auditoría también detectó movimientos financieros provenientes de compañías contratadas para servicios y suministro de alimentos por parte del gobierno estatal, cuyos recursos habrían pasado por distintas empresas antes de llegar al despacho familiar.
Las observaciones mantienen bajo revisión el destino de los recursos y las posibles responsabilidades. El caso también ha generado cuestionamientos en el Congreso de Nuevo León, donde se han impulsado acciones para analizar posibles consecuencias políticas para Samuel García.
