Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República aprobó las reformas a diversas leyes contra defraudación fiscal, que plantean castigos más severos a empresas fantasma y la facturación falsa.
Con cinco votos a favor de Morena y del PT y dos abstenciones del Partido Acción Nacional (PAN) se avaló este dictamen que propone adicionar y derogar diversas disposiciones de las leyes federales Contra la Delincuencia Organizada y de Seguridad Nacional, así como de los códigos Nacional de Procedimientos Penales, Fiscal de la Federación y Penal Federal.
El dictamen para combatir las empresas fantasma y la facturación falsa fue avalado previamente por las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Justicia.
El documento se remite a la Mesa Directiva del Senado de la República para que determine cuándo se presenta al pleno que, se espera sea la próxima semana, aunque podría incluso ser mañana mismo, debido a la importancia del tema.
El dictamen tiene el aval de los senadores de Morena y de sus aliados el Partido del Trabajo (PT) y Encuentro Social.
Mientras que el bloque opositor integrado por el PAN, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática (PRD) insisten en que se tiene que cambiar la redacción y no equiparar estos delitos contra la seguridad nacional, pues se pone en riesgo al contribuyente y se crea miedo en los inversionistas.
Los senadores de Morena están totalmente de acuerdo con el dictamen y las modificaciones propuesta, pues señalan que de esta manera se castigará a los evasores fiscales y se prevendrá el lavado de dinero a través de empresas fantasma, por lo que los empresarios honrados no tienen por qué temer si cumplen con la ley.
La propuesta legislativa establece que se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa las empresas fantasma y las facturas falsas, considerando que éste sea por contrabando y su equiparable.
El texto tipifica como delito “la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados”.
Aumenta las penas: impone sanción de cinco a ocho años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Prevé las mismas sanciones al que permita o publique a través de cualquier medio anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Además, cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos.
En entrevista, la presidenta de dicha comisión, Mayuli Latifa Martínez Simón, senadora del PAN, explicó que la iniciativa seguirá el procedimiento administrativo que marca el Senado para llevarlo al pleno.
