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CIUDAD DE MÉXICO.- Senadoras y senadores de Morena presentaron un punto de acuerdo para solicitar que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación sobre las ocho “ejecuciones extrajudiciales” del pasado 5 de septiembre en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
En conferencia de prensa, Nestora Salgado, Lucía Trasviña, Guadalupe Covarrubias, quien presentó el punto de acuerdo por ser de Tamaulipas; Martha Guerrero y Félix Salgado Macedonio señalaron que demandarán juicio político al gobernador Javier García Cabeza de Vaca por esos hechos.
Acompañados por familiares de dos de las ocho víctimas, y el activista Raymundo Ramos, de la organización Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo, quien apoya a los familiares, los legisladores pidieron acompañar este tema y darle seguimiento, pues se trata de una situación muy grave.
“Es necesario que la FGR atraiga la investigación de la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas, en virtud de la evidencia, desconfianza de los familiares de las víctimas hacia la Procuraduría General del estado de Tamaulipas por fabricar culpables y mentir a la población”.
También se llamó al Congreso de Tamaulipas a iniciar juicio político contra el gobernador, quien a su parecer ha violentado el derecho humano a la vida, ha transgredido el bien jurídico-social más importante, permitiendo la ejecución de personas a su amparo, y cometido masacres.
Añadieron que se necesita todo el apoyo y acompañamiento del gobierno federal y no quedar en la versión oficial del de Tamaulipas; recordó que en los primeros siete meses de este año en esa entidad se registraron tres mil 299 delitos contra la vida y la integridad corporal.
La presidenta de la Comisión de Seguridad, Lucía Trasviña, aseguró que al llegar dicho punto de acuerdo a esta instancia legislativa se acelerará su dictaminación y se buscará el apoyo de todos los grupos parlamentarios para presentarlo al pleno y comunicarlo a los gobiernos de Tamaulipas y al federal, a fin de que la FGR se encargue de la investigación.
Nestora Salgado refirió que el 5 de septiembre pasado, el gobierno de Tamaulipas informó, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, el aseguramiento de una camioneta, 15 armas largas y una corta, luego de que policías estatales repelieron una agresión en la que murieron ocho personas identificadas como integrantes de un grupo delictivo.
Sin embargo, denuncias, testimonios e investigaciones del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo revelaron todo lo contrario, “se trató de una ejecución extrajudicial cometida por elementos de la inteligencia y policía estatal de Tamaulipas”.
La senadora indicó que las autoridades estatales instalaron un montaje, y destacó que en un recorrido que realizaron personas del Comité de Derechos Humanos se constató que no hay evidencia de enfrentamiento, pues no hay impactos de bala y sí hay huellas de una ejecución extrajudicial.
Señaló que dicha organización civil ha reportado que el gobierno del estado no ha entregado un informe oficial de los hechos, y señaló más pruebas de que todo fue falso; la prueba de balística practicada a tres de las víctimas que presuntamente participaron en el tiroteo resultó negativa, y cuatro de las armas localizadas junto a los cadáveres nunca fueron disparadas.
Salgado García aprovechó para informar que el pasado 15 de septiembre, en Guerrero ocurrió una supuesta ejecución extrajudicial contra un comerciante; familiares de la víctima señalaron que el homicidio fue perpetrado por policías, por lo que también pidió a la FGR que se haga cargo de la investigación.
En su oportunidad, Raymundo Ramos, presentó el acta de defunción de Severiano Treviño, y detalló que esa es otra evidencia de que se cometió una ejecución, incluso el documento así lo certifica, pues señala que el fallecimiento ocurrió a las 9:30 horas, cuando el supuesto enfrentamiento fue dos horas antes, y la causa de la muerte fue un balazo en la cabeza.
En la Sala de Prensa del Senado de la República estaban familiares de Severiano Treviño, que tenía 33 años de edad, y dijeron que entraron en su casa violentamente, dejaron viva a una de sus hijas, porque estaba acostada con su bebé de dos años, mientras golpeaban y obligaban a su papá a decir dónde estaban las armas.
La hija y la hermana de Severiano, Casandra, y María Azucena Treviño, señalaron que dejó desamparados a tres hijos más, de 13, nueve y cuatro años de edad. Casandra señaló que su papá trabajaba en una empresa refresquera.
Explico que su papá estaba en casa porque tenía licencia médica, debido a que se lastimó una mano al cargar una caja de refrescos, y aunque le dijo a quienes los atacaron que no tenía armas y que podían comprobar que laboraba en una empresa, lo siguieron golpearon, le cambiaron la ropa, lo vistieron como militar y se lo llevaron; después lo encontraron muerto.
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