Miguel Domínguez/Agencia Reforma
REYNOSA, Tamaulipas.- Autoridades municipales se mantuvieron firmes en rechazar una prórroga para extender hasta enero la entrada en vigor la prohibición del uso de vehículos de tracción animal o “carretoneros” en Reynosa.
Representados por tres abogados, algunos líderes de basureros que operan en la ciudad se reunieron en la Sala de Cabildo con funcionarios de Obras Públicas, Ecología, Desarrollo Urbano, regidores de Cabildo, pero al final les negaron otra prórroga.
Por parte de los carretoneros iban los líderes Max Rodríguez y Porfirio Herrera Paz, acompañados de los abogados Marcelo Olan Mendoza, José María Flores García, Norma Razo y Domingo Elizondo.
A partir del primero de octubre los carretoneros ya no podrán usar caballos, mulas o burros para estirar sus carretones, ya que el reglamento aprobado por el Cabildo los obliga al uso de camionetas automotrices, de medio uso al menos.
Eliacib Leija Garza, regidor coordinador de la comisión de Ecología y promotor de esta medida, estuvo en la reunión y remarcó que el Registro al Padrón de recolectores de basura en camioneta solo lo han hecho 200 carretoneros.
Leija ofreció a los representantes de los carretoneros una prórroga al registro del Padrón, sin costo alguno, pero no a postergar la prohibición.
“El principal objetivo es limpiar la ciudad sin afectar a las personas en su ingreso económico”, señaló Leija.
Por su parte, Leonel Cantú Robles, secretario de Desarrollo Económico de Reynosa, les ofreció empleo bien remunerado en empresas que dan prestaciones de ley, o bien resignarse y adquirir camionetas para prestar el servicio de recolección de basura.
“La bolsa de trabajo a las que se les ha invitado tiene vacantes de empleado general, de obrero, operador, hasta ejecutivos, la Secretaría puede acompañarlos en el proceso de incorporación formal a las actividades productivas de la ciudad”, ofreció.
Marcelo Olan, el abogado que encabeza la defensa de los carretoneros, aconsejó a los representantes retirarse de la mesa de diálogo, y así lo hicieron.
Olan anunció que buscará tramitar amparos de la justicia federal para sus defendidos bajo el argumento de que el Ayuntamiento está violentando la Constitución al impedirles su derecho al trabajo.