Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Guanajuato a Marisol Macías Gutiérrez, señalada como presunta responsable del asesinato del juez federal Vicente Bermúdez Zacarías, registrado el 17 de octubre de 2016 en Metepec, Estado de México.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Penal del Altiplano vinculó a proceso a la mujer por el delito de homicidio calificado y ordenó su internamiento en el Centro de Reinserción Social de Santiaguito, en el Municipio mexiquense de Almoloya de Juárez.
El juez federal fue asesinado de un disparo en la cabeza en un fraccionamiento de Metepec.
Ordenan revisar proceso a Duarte por helicóptero
Un tribunal federal ordenó volver a determinar si Javier Duarte debe o no continuar procesado por usar un helicóptero del Gobierno de Veracruz para darse a la fuga, unas horas antes de que giraran su primera orden de aprehensión, en octubre de 2016.
El Primer Tribunal Colegiado Penal en esta ciudad concedió ayer al ex Gobernador un amparo en revisión que obliga a un juez de control de Veracruz a celebrar una audiencia para definir nuevamente si lo vincula a proceso por tráfico de influencias e incumplimiento del deber legal.
En su sesión del pleno, los magistrados también concedieron el amparo para el efecto de que vuelva a resolverse si Duarte merece o no la prisión preventiva justificada, aclarando que el juez del fuero común no debe agregar argumentos a los que exponga la Fiscalía de Veracruz.
El alcance de este fallo es sólo para que el juez de la causa precise con claridad la tipicidad de los delitos, pues el tráfico de influencias se lo imputan a Duarte en este expediente cuando ya no tenía la calidad de servidor público.
En el caso del delito de incumplimiento del deber legal, el juez deberá precisar que el procesado debió elaborar el acta de entrega recepción cuando solicitó licencia como Gobernador y no hasta que terminara su sexenio.
“Pidió licencia para lo que quedaba de tiempo y debía entregar, quedó claro que ya no reasumiría el cargo”, dijo el magistrado Juan José Olvera López, ponente del proyecto de sentencia que ayer aceptó variar durante el debate.
El ponente precisó que el delito de tráfico de influencias, presumiblemente lo cometió el procesado cuando ya no era Gobernador y en calidad de copartícipe, no de autor material.
