Víctor Fuentes/Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy a trámite cuatro acciones de inconstitucionalidad que buscan anular la extensión de mandato del Gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.
El Ministro Fernando Franco dio entrada a las demandas presentadas por PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, pero rechazó conceder una suspensión para impedir la toma de protesta del morenista, la próxima semana, como pidieron algunos partidos.
“No es necesario que la presente acción de inconstitucionalidad se resuelva antes de que el próximo titular del Ejecutivo del Estado de Baja California rinda la respectiva protesta para asumir el cargo, pues la norma impugnada continuará surtiendo sus efectos y, por tanto, la sentencia respectiva aún tendrá objeto de pronunciamiento”, explicó Franco.
Lo anterior, pues no está cuestionada la legitimidad de la victoria electoral de Bonilla ni los dos primeros años de su mandato, sino la reforma posterior a la Constitución local para extenderlo a cinco años.
Franco dio al Congreso de Baja California y al Ejecutivo estatal sólo seis días naturales para contestar la demanda, así como diez días al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que le entregue su opinión sobre el caso, lo que indica su intención de tramitar el juicio lo más rápido posible.
Está aún por verse si el Ministro alcanzará a presentar un proyecto de sentencia para votación en el Pleno de la Corte antes de mediados de diciembre, cuando termina el periodo de sesiones.
Para invalidar la reforma a un artículo transitorio de la Constitución estatal será necesario el voto de al menos ocho de los 10 ministros en funciones, lo que quiere decir que basta una minoría de tres para preservar el periodo de cinco años para Bonilla Valdez.
En diciembre de 2006, en su único precedente sobre un caso similar, la Corte resolvió por unanimidad que las ampliaciones de mandato no se pueden aprobar una vez celebradas las elecciones, pero ni uno solo de los Ministros que votó ese caso sigue en activo.
Por el plazo de seis días que fijó Franco, el actual Gobernador Francisco Vega de Lamadrid será el obligado a rendir los informes a la Corte.
El lunes pasado, el Gobierno estatal presentó una controversia constitucional para impugnar la misma reforma, misma que aún no ha sido admitida, pero que no es tan relevante una vez que ya están en trámite las acciones de inconstitucionalidad.
