Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción tendrá en 2020 un presupuesto de 10 millones de pesos para gasto operativo, de acuerdo con el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación.
Con estos limitados recursos deberá atender las denuncias por hechos de corrupción que le formulen tanto las autoridades como los particulares, que para la segunda semana de septiembre sumaban 570 casos.
La Fiscalía, que entró en funcionamiento el 11 de marzo pasado, ha trabajado con 39 servidores públicos que pertenecían a otras unidades de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes han tenido que recibir y dar trámite a las distintas indagatorias.
El presupuesto destinado a dicha instancia no contempla el capítulo referente a servicios personales, esto es, al pago de los salarios de los servidores públicos, por lo que es probable que este sea absorbido por otra unidad ejecutora de gasto de la FGR.
Los recursos presupuestados para gasto operativo de la Fiscalía, que son las erogaciones en materiales, suministros y servicios generales, son similares a los destinados para el mismo concepto a la delegación de la FGR en Sinaloa, de 10.6 millones de pesos, o de la delegación en Quintana Roo, de 9.5 millones.
El órgano especializado inició con una carga cero de trabajo y solo ha recibido denuncias de hechos presuntamente constitutivos de delitos cometidos a partir del 1 de diciembre de 2018 y que estén contemplados en el Título Décimo del Código Penal Federal, que define los delitos de corrupción.
El próximo ejercicio presupuestal es el primer año en el que se proyectan recursos para la Fiscalía; su antecedente es la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y Contra la Administración de Justicia, que para este año tiene asignados 9.9 millones de pesos en gastos de operación.
En 2017 y 2018, esta Unidad y la Dirección General de Asuntos Especiales investigaron, en el primer año, a 187 servidores públicos y, en el segundo, a 140, de acuerdo con datos de la FGR.
Los delitos más frecuentes en los que incurrieron los funcionarios fueron peculado, que en 2017 sumaron 133 y en 2018 hubo 98 casos, así como enriquecimiento ilícito, con 28 y 25 asuntos, respectivamente.
Durante una reunión en junio, las fiscalías estatales especializadas en combate a la corrupción acusaron problemas de falta de recursos y de autonomía para hacer frente al reto que tienen de llevar ante los jueces a los presuntos responsables.
