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SAN DIEGO.- Un tribunal federal de apelaciones escuchó argumentos el martes sobre un intento de detener la financiación militar para la construcción del muro fronterizo del presidente Donald Trump con México a medida que el ritmo de la construcción plantea cada vez más preguntas sobre si el tiempo se está agotando para los críticos de la administración.
La administración ha comenzado a trabajar en 129 millas (206 kilómetros) de proyectos financiados por el Pentágono en California, Arizona y Nuevo México desde que la Corte Suprema dictaminó en julio que la construcción puede continuar durante un desafío legal.
El Pentágono ha desviado $ 6.1 mil millones para pagar la construcción desde que Trump declaró una emergencia nacional en la frontera en febrero. Trump dice que planea construir alrededor de 500 millas (800 kilómetros) para fines de 2020. A partir del 1 de noviembre, se completaron alrededor de 78 millas (125 kilómetros) para reemplazar las barreras.
Dror Ladin, abogado de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, instó a un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de los Estados Unidos en San Francisco a que dictamine lo más rápido posible porque la administración se estaba moviendo rápidamente en lugares como el Monumento Nacional Organ Pipe en Arizona .
“Se están extrayendo grandes cantidades de agua porque están poniendo la pared con una gran cantidad de cemento, y hay excavadoras y fotos realmente desgarradoras desde la frontera que me envían todos los días”, dijo Ladin.
Ladin dijo en una entrevista que secciones del muro en disputa deberían ser derribadas si prevalece la ACLU.
Los jueces, dos nombrados por el presidente Bill Clinton y uno por Trump, no dieron pistas sobre cómo se inclinaban. No dijeron cuándo emitirán una decisión por escrito.
La ACLU, que representa al Sierra Club y la Coalición de Comunidades de la Frontera Sur, sostiene que Trump ignoró flagrantemente los deseos del Congreso. Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que Trump ejerció adecuadamente su autoridad para transferir dinero entre departamentos.
Los abogados del estado de California y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos comparecieron ante los jueces para argumentar a favor de la posición de la ACLU.
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