Érika Hernández/Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó la propuesta del Presidente Andrés Manuel López Obrador de compensar el recorte presupuestal al organismo con donaciones de los partidos políticos, pues eso significa debilitar su autonomía.
Los consejeros electorales enumeraron algunas de las afectaciones inmediatas: no podrán renovar el equipo para monitorear las pautas de los partidos; tendrán que revisar los convenios con dependencias del Gobierno en los que dan servicios gratuitos; se suspende la remodelación y mejoramiento de atención en módulos de credencialización, y se llevarán al límite diversas actividades del proceso electoral 2021.
“Somos el árbitro, quien regula a los partidos, no podemos vivir de su favor, para fiscalizarlos y actuar con toda imparcialidad”, expuso el consejero Ciro Murayama.
“Esta institución pública debe de vivir de recursos públicos, no de donativos particulares, tampoco de los partidos, de los jugadores, sería invertir los términos y facilitar el debilitamiento del INE. Imagínense que el INE para hacer su trabajo dependa de que las dirigencias de los partidos le quieran hacer los partidos”.
Ante siete de 11 de los consejeros, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó un pronunciamiento público en el que afirma que la petición de presupuesto por más de 12 mil millones no se hizo a capricho de ellos, sino basándose en las necesidades que tendrá el organismo.
“Este recorte nos coloca en un límite crítico en materia presupuestal. Nos obliga a revisar múltiples proyectos, a posponer varias inversiones de las que depende un buen servicio a la ciudadanía y la calidad de la organización y el arbitraje electoral, e incluso nos obliga a revisar algunos de los convenios de colaboración que hemos suscrito, y que hoy suponen que le demos servicios gratuitos a varias dependencias del Gobierno federal, para enfrentar el déficit presupuestal con el que arrancaremos el próximo año”, detalló.
Por ejemplo, sostuvo, el INE tiene un convenio con la Secretaría de Gobernación para que haga el monitoreo sobre los tiempos del Estado en radio y televisión, por el cual no le cobra nada, pero implica un gasto de 500 millones de pesos cada cuatro años.
Por ello, mencionó, se tendrán que sentar y definir si se suspende o de lo contrario el Instituto deberá cobrar por ello.
El arranque del proceso electoral 2020-2021 tendrá que darse en septiembre, pero las actividades que se realizarían entre ese mes y diciembre deberán posponerse lo más posible.
Por ejemplo, la elección de consejeros y personal de las juntas locales, documentos que deben imprimir o capacitación.
Los consejeros advirtieron que no reducirán sus salarios ni de ningún otro funcionario del organismo hasta que la Cámara de Diputados no adecue la ley conforme lo mandató la Suprema Corte de Justicia.
El 11 de diciembre, el Consejo General dará a conocer a detalle las áreas que tendrán un impacto por la reducción de mil 71 millones de pesos en la propuesta de presupuesto enviada a la Cámara baja.
