Abel Barajas/Agencia Reforma
Cd. de México, México.- Tomás Yarrington presentó un amparo contra la orden de aprehensión girada en su contra por un caso en el que le atribuyen comprar a través de testaferros y a precios subvaluados mil 600 hectáreas del patrimonio del Estado en la zona portuaria de Altamira.
El ex Gobernador de Tamaulipas presentó su demanda de garantías ante Julio Veredín Sena Velázquez, Juez Séptimo de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, contra el mandato de captura girado por los delitos de lavado de dinero y peculado.
Según la lista de acuerdos del juzgado, Yarrington no pidió en su amparo la suspensión de esta aprehensión girada el 4 de octubre de 2017 por Juan Manuel Ham Cortes, Juez Segundo de Primera Instancia Penal del Primer Distrito Judicial de Tamaulipas.
Sena Velázquez acordó celebrar el próximo 28 de noviembre la audiencia constitucional, misma que una vez llevada a cabo permitirá al juez federal dictar la sentencia del amparo.
Esta acusación contra Yarrington versa sobre terrenos patrimonio del Estado en la zona portuaria de Altamira, que fueron vendidos y revendidos en 2002 y 2007 a precios muy inferiores a su valor real.
Una de las compraventas fue por 16 millones de pesos, cuando los inmuebles valían 54 millones, según la Fiscalía de Tamaulipas.
La imputación señala que en 2002, siendo Gobernador, Yarrington hizo la primera venta a la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, de su amigo y supuesto prestanombres Fernando Alejandro Cano Martínez.
Cinco años más tarde, el Gobernador Eugenio Hernández encomendaría a Edgardo López Munguía para que asesorara y “protegiera” a Alberto Berlanga Bolado en la compra de los predios de Cano Martínez en Altamira, a un 1.5 por ciento de su valor real.
Por este caso, el juez Ham Cortes también ordenó las aprehensiones de Eugenio Hernández Flores, ex Gobernador sucesor de Yarrington, y Héctor Suverza Ramírez, ex integrante del Comité Técnico del fideicomiso que administraba los terrenos.
También instruyó las capturas de Cano Martínez y los hermanos Delia del Carmen y Alberto Berlanga Bolado.
Este es un caso donde cuatro de los cinco testigos que declararon contra los ex Gobernadores están muertos o desaparecidos.
Edgardo López Munguía fue secuestrado y asesinado en agosto de 2016; Ramiro Higuera Martínez, abogado de Cano y Alberto Berlanga, se suicidó en mayo de 2014; Casimiro Mora Vázquez, también ex asesor de Berlanga, fue plagiado y descuartizado en junio de 2016; y Aurelio Parra Bustos, chofer de Cano, desapareció en noviembre de 2016.
