Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- De las 169 personas que han sido consignadas por el caso Ayotzinapa, sólo 87 están detenidas y de ellas únicamente 40 están sujetas a proceso por delitos directamente vinculados con la desaparición de los 43 normalistas.
Así lo establece el Informe Anual de Actividades de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos 2019, presentado por la Fiscalía General de la República ante el Senado.
Conforme a la estadística de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), los juzgados instruyen actualmente 27 causas penales o procesos contra los presuntos implicados en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
En dichos expedientes han sido consignadas 169 personas, es decir, se han pedido órdenes de aprehensión o los detenidos han sido puestos a disposición de los jueces por delitos vinculados al secuestro de los estudiantes de la Normal Isidro Burgos y otras conductas ilícitas.
De ese grupo, 142 han sido detenidos por las autoridades y posteriormente encarcelados, sin embargo, hoy sólo están presos un total de 87, lo que implica que 55 ya han sido liberados.
La Fiscalía en Derechos Humanos indica que a 61 personas se les han dictado la libertad. La razón por la que probablemente seis de ellos no abandonaran prisión es que tenían iniciados otros procesos.
El informe indica que una persona ha sido absuelta en el caso y a otra, que había salido de prisión, se le revirtió la libertad por orden judicial. A la fecha, son 19 órdenes de aprehensión las que están pendientes por ejecutar en este asunto.
Sobre los 91 consignados por delitos diversos al caso, 69 fueron encarcelados, 29 quedaron libres y 47 están todavía en prisión.
Sobre la desaparición forzada, desde 2014 y 2015 el Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y después por la del Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas negaron las órdenes de aprehensión contra todos los indiciados por ese delito.
Ambas instancias judiciales rechazaron en forma inapelable que los 43 normalistas fueran víctimas de desaparición forzada, porque los indicios apuntan a que están muertos y no a que fueron “ocultados” por el Gobierno.
Según los órganos jurisdiccionales, la desaparición forzada es un delito que penaliza las acciones represivas de índole gubernamental en contra de la sociedad civil, ocultando la detención de las víctimas.
Las capturas fueron negadas contra 56 personas, incluidos el ex Edil de Iguala José Luis Abarca y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, así como policías municipales de Iguala y Cocula y presuntos integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos.
Las personas que están directamente implicados en el asunto de los normalistas fueron procesados principalmente por el delito de secuestro.
