Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Nacional de Migración (INM) deberá buscar y dar a conocer información diversa sobre los extranjeros que han sido retornados a México, provenientes de Estados Unidos, bajo los Protocolos de Protección a Migrantes.
Así lo instruyó el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), luego que el INM rechazó contar con los datos solicitados, correspondientes al periodo enero-octubre de 2019.
De acuerdo con la resolución del INAI, el Instituto deberá indicar si los transportes terrestres utilizados con ese fin son de carácter público, privado o concesionados, así como el número de personas por autobús y los horarios de los traslados.
Además, el INM tendrá que dar detalles sobre la forma en que se realiza el retorno de los extranjeros que esperan en México la respuesta, para que acudan a su cita de seguimiento de caso en Estados Unidos.
En respuesta a un particular que requirió dichos datos, el sujeto obligado (INM), a través de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria, dijo no contar con información alguna.
Inconforme con la respuesta, el particular interpuso un recurso de revisión ante el INAI, y en alegatos, Migración reiteró su respuesta original.
Sin embargo, en el análisis del caso, a cargo de la ponencia del comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, se estimó que el INM incumplió con el procedimiento de búsqueda establecido en la Ley Federal de Transparencia.
Según los comisionados, el Instituto no turnó la solicitud de información a todas las unidades administrativas que, por sus facultades y atribuciones, resultan competentes para conocer de lo requerido.
Además de una búsqueda de información en fuentes de acceso público, la ponencia localizó una licitación pública nacional que tiene como objeto el “Servicio de Transporte Vía Terrestre de Migrantes Extranjeros Presentados en el INM”.
De acuerdo con el INAI, tiene fecha de vigencia del 1 de abril al 31 de diciembre de 2019, con un importe de más de 254 millones de pesos, y el área requirente en el contrato es la Dirección General de Control y Verificación Migratoria.
A propuesta del comisionado Monterrey Chepov, el Pleno del INAI determinó modificar la respuesta del INM y le instruyó a realizar una nueva búsqueda en las unidades administrativas competentes, para entregar la información.
El INM no deberá omitir en su búsqueda la información con que cuentan las direcciones generales de Control y Verificación Migratoria, de Protección al Migrante y Vinculación, y de Administración.
