Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la justicia federal una audiencia para imputar a dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos, por el caso de la llamada “Estafa Maestra”.
Se trata de Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, quienes ya fueron requeridos para una audiencia de imputación.
Los presuntos implicados iban a comparecer esta semana en el Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas, pero debido a la cancelación de actividades del Poder Judicial de la Federación (PJF), por el Covid-19, la audiencia fue pospuesta para después del 20 de abril.
De acuerdo con informes del PJF, será el primer caso en el que la FGR fincará el delito de peculado, ya que en los anteriores sólo ha imputado ilícitos como ejercicio o uso ilícito de atribuciones y facultades.
Este caso corresponde a cuatro convenios específicos suscritos en octubre de 2015 entre la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, por un monto de 186 millones 113 mil 374 pesos.
La Universidad debía entregar a la Sedatu un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero, colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Inter-oceánico, en el Istmo de Tehuantepec.
En marzo y abril de 2016, la Sedatu pagó la totalidad de los convenios con recursos presupuestales de ese año y del anterior, cuando fueron suscritos, de acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Argumentado que no tenía el tiempo suficiente para un procedimiento de licitación, la UPCH subcontrató los servicios mediante adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por una suma de 81 millones 642 mil 800 pesos.
La empresa subcontratada por la Universidad cobró sin prestar un servicio y, además, la UPCH se quedó con más de 104 millones de pesos, el 56 por ciento de los recursos que recibió de Sedatu.
Según las pesquisas, la empresa también subcontrató a otras cuatro razones sociales que dispersaron los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.
De acuerdo con la imputación, los más de 104 millones no sólo no fueron utilizados para la ejecución de los servicios con Sedatu, sino que la UPCH usó ese dinero para adquirir una solución tecnológica Big Data y dos camionetas, lo que presuntamente evidencia que los recursos públicos fueron destinados a fines distintos para los que fueron autorizados, es decir, constituye el desvío o peculado.
El 6 de abril de 2017 el Rector de la UPCH comunicó por escrito a la ASF que no se habían realizado antes estudios similares a los prestados a la Sedatu, por lo que no tenían experiencia y manifestó que “fueron invitados a participar en el proyecto directamente por la titular de la Sedatu (Rosario Robles)”.
