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El extitular de PEMEX, Emilio Lozoya, no podrá dejar la cárcel mientras espera la resolución del trámite de extradición iniciado por el gobierno de México, reiteró este fin de semana la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.
Fuentes jurídicas dijeron al medio local ABC que en el caso de quien fue director de la paraestatal mexicana durante el sexenio del ahora expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), los delitos imputados son de suma gravedad y existe un alto riesgo de fuga por parte del funcionario, quien anteriormente presentó documentación falsa.
La defensa de Lozoya solicitó en semanas previas la libertad del acusado, puesto que su extradición a México ha demorado debido a la gravedad de la propagación del coronavirus (COVID-19) en España, lo cual ha obstaculizado la actividad de los tribunales.
También se buscó su libertad bajo fianza. No obstante, la misma emergencia sanitaria impidió a la justicia española dar una respuesta a la defensa, según confirmó el 7 de abril su abogado Javier Coello Trejo, quien en ese momento negó que España diera negativa a su solicitud.
En esta ocasión, quienes declararon para el medio español comentaron que la Fiscalía se ha opuesto rotundamente a la liberación de Lozoya, quien fue vinculado al caso de la constructora brasileña Odebrecht, uno de los escándalos de corrupción más controversiales de América Latina.
Quien fue colaborador cercano del exmandatario mexicano fue detenido el 13 de febrero en la urbanización de lujo de Benahavís, ubicada en la ciudad española de Marbella, después de una intensa búsqueda por la Fiscalía General de México, que presentó cargos en su contra desde mayo del año pasado.
El exfuncionario está acusado de cohecho, defraudación fiscal, corrupción, lavado de dinero y soborno a funcionarios públicos, entre otros cargos, mientras estuvo al frente de PEMEX.
Uno de los casos que llevaron a su persecución por parte de la Fiscalía mexicana fue el de la adquisición de Altos Hornos (AHMSA), una planta petroquímica en cuya compra, presuntamente, medió un importante sobreprecio. Por este delito la dependencia del gobierno de México lo acusó de defraudación fiscal. Además, se le vincula con transferencias ilícitas a través de empresas fantasma.
El proceso de Lozoya podría reanudarse cuando se levanten las medidas de contención de la pandemia de coronavirus tanto en México como en España, países donde el número de contagios sigue en aumento.
