H. MATAMOROS, Tamaulipas.- Legisladores de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), y del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el aspirante a la presidencia nacional de Morena y senador suplente de la República, Alejandro Rojas Díaz Durán, comenzarán esta semana una serie de controversias y acciones constitucionales antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra lo que consideran la ilegal deuda que el Congreso del Estado de Tamaulipas, autorizó al ejecutivo estatal.
Y es que, el pasado 8 de abril, el Legislativo local dio luz verde para que el Gobierno Estatal pueda contratar una línea de financiamiento hasta por 4 mil 600 millones de pesos. El argumento fue que el recurso sería para inversiones públicas productivas que den oportunidad de enfrentar la crisis económica y de salud generada por el coronavirus (Covid-19).
Mediante un documento enviado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la oposición en el Congreso local solicita el “apoyo y colaboración, a efecto de garantizar a los tamaulipecos que se impida la afectación de sus recursos que por concepto de impuestos se destinen al Estado de Tamaulipas, para el desarrollo social, seguridad y salud que deben ser garantizados por el estado al tenor de lo siguiente”.
Además, según la carta enviada, los legisladores le piden a Hacienda que intervenga con el propósito de que el 4% que dichas participaciones no puedan ser gravadas, afectadas o destinarse a mecanismo de fuente de pago, por estar sub judice hasta en tanto no sea resuelto de manera constitucional el decreto impugnado, conforme a las facultades legales que le permiten, como puede ser que, se restringa su inscripción en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de Entidades y Municipios, como requisito legal para obtener el crédito correspondiente u otra que conforme a la ley corresponda.
De igual forma, se anuncia que promovieron ante la Suprema Corte una acción de Inconstitucionalidad a efecto de controvertir el decreto y la acción legislativa que autorizó la petición del Ejecutivo Estatal.
“ Esto en razón de que se violó la obligación constitucional prevista en el artículo 117, fracción VIII de nuestra Carta Magna, dado que se vulneraron los principios del debido proceso, así como la transparencia en la aplicación de los recursos públicos, así como invariablemente los principios de certeza y seguridad jurídica que prevén los diversos 14 y 16 del mismo ordenamiento fundamental del país”.
Por su parte, Alejandro Rojas, publicó en sus redes sociales que apoya esta acción, además iba acompañada de un video, sin embargo fue borrado una hora más tarde.
