Agencias
CIUDAD DE MÉXICO.- El dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, propuso que el INEGI mida la concentración de riqueza en el país.
“Tenemos millones de dólares que constituyen una riqueza totalmente inobservada. Ya no se trata de dar cuenta del ingreso y el gasto de las familias y personas. Medir la pobreza en México es un gran avance. Ahora se demanda también medir la desigualdad y la concentración de la riqueza”.
El líder morenista dio a conocer que a partir de diversos análisis elaborados por Morena en conjunto con especialistas en la realidad política, social y económica del país, se concluyó que el gran acuerdo implica modificaciones fundamentales al sistema jurídico.
A partir de sus análisis, Morena acordó proponer que el INEGI “entre sin ningún impedimento legal a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas” y sugiere que cada dos años se dé cuenta de los resultados que arroja la totalidad de los activos con los que cuenta cada mexicano.
Propone facultar al INEGI tener acceso a las cuentas del Servicio de Administración Tributaria y a toda la información bursátil de las personas.
Además, sugiere que la progresividad fiscal sea la base sobre la cual todos los mexicanos contribuyan a los gastos del estado y al financiamiento del estado de bienestar.
Ramírez Cuéllar sostuvo que el estado de bienestar solo puede cobrar vigencia y hacerse realidad cuando pagan más los que más tienen y agregó: Solo la fortaleza fiscal y financiera de los estados puede financiar sustentablemente y con ingresos recurrentes verdaderos sistemas de salud, de educación y de protección del empleo y de generación de riqueza.
Abundó que “la racionalidad de los gastos del gobierno se convierten en imperativo. Pero un estado austeramente pobre tiene con grandes limitaciones para convertir el bienestar universal en una política de estado”.
En el documento firmado por el dirigente interino de Morena se propone también constituir un consejo fiscal que dependa del Congreso de la Unión que mida y evalúe de manera constante los ingresos y gastos del estado.
Además, entre los cambios jurídicos se propone dotar de mayor fortaleza y facultades a la Comisión Federal de Competencia Económica, pues añadió que “la concentración y el poder que tienen las empresas en una gran cantidad e mercados que producen y distribuyen los bienes y servicios que son básicos para la población, se ha convertido en una de las fuentes más importantes de desigualdad social y económica entre las regiones y los diversos segmentos de la sociedad mexicana”.
Ramírez Cuéllar destacó que los cinco cambios jurídicos “nos ayudarían a sentar las bases para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructurales en el país”, por lo que el Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia y el Congreso de la Unión deben integrar una convocatoria para conciliar gobiernos locales, organismos de trabajadores y empresarios, partidos e instituciones de educación superior para avanzar en el diálogo y acuerdo de unidad y solidaridad nacional.
