Agencia Reforma
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró admisible la petición para analizar posibles violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano en el caso del incendio en la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que dejó 49 niños muertos el 5 de junio de 2009.
Patricia Duarte Franco, mamá de Andrés Alonso García Duarte, explicó que, con apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, tres familias presentaron el 27 de octubre de 2014 la petición ante el organismo y fue hasta el pasado 6 de julio que admitió el caso.
“La CIDH, después de casi seis años, admitió el caso de la guardería ABC y hoy se inicia un litigio en el sistema interamericano, lo que nos ayudará a empujar también los litigios que están pendientes dentro de México, que están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, comentó.
“Ahora la CIDH conocerá de fondo el caso, es decir, analizará los hechos para determinar las violaciones de derechos humanos en las que haya incurrido el Estado mexicano, con lo cual la familias buscan que la CIDH formule recomendaciones al Estado para concretar el acceso a la justicia y la no repetición”.
Duarte comentó que las familias han exigido la investigación y la sanción penal contra todos los actores responsables, incluyendo funcionarios de alto rango y particulares, además de que se reconozca que el incendio no fue un accidente, sino que derivó de fallas estructurales del sistema de subrogación.
“El incendio de la guardería ABC no fue un siniestro impredecible, sino el resultado de fallas estructurales en el sistema de subrogación de las estancias infantiles, pues dicho sistema convirtió el cuidado de los niños y las niñas en un negocio, provocando el incumplimiento generalizado de estándares de seguridad en las estancias”, señaló.
Consideró que este litigio es un proceso clave para impulsar al Estado mexicano a tomar las medidas adecuadas que garanticen la seguridad de la niñez mexicana.
“Las acciones necesarias, en ese sentido, incluyen la plena y efectiva aplicación a nivel nacional de la Ley 5 de junio, fruto de la lucha de las familias del caso ABC, y el reconocimiento de que el cuidado de los niños no pueden ser visto como un negocio subrogable, sino que constituye una obligación del Estado y derecho de la niñez y las familias”, añadió.
Duarte explicó que en caso de que se resuelva favorablemente el caso, la CIDH emitirá recomendaciones al Estado de mexicano.
Sin embargo, en caso de que no las acepte o las implemente, el caso podría ser enviado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para emitir sentencia vinculatoria.
“Esto es una bocanada de oxígeno a estos 11 largos años que hemos estado esperando para que pasara algo relevante en todo esto, México vuelve a estar en la lupa internacional con el caso de nosotros”, puntualizó.
