CIUDAD DE MÉXICO.- Juan Collado y un exalto mando de la FGR fueron imputados penalmente por archivar en forma presuntamente ilegal una investigación por lavado.
Además de realizar gestiones indebidas, para tratar de descongelar en Andorra 76.5 millones de euros del abogado.
Se trata de Alberto Manuel Alcántara, hasta el año pasado titular de la Coordinación General de Investigación (CGI).
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El primero de los ilícitos es castigado con 2 a 6 años de prisión y de 30 a 100 días multa.
Mientras que el segundo con 3 a 8 años de cárcel y el mismo monto de la multa referida. Ninguno amerita la prisión preventiva oficiosa.
De acuerdo con información del Poder Judicial de la Federación, ambos comparecieron el miércoles ante Juan Carlos Ramírez, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
Y solicitaron duplicar el plazo legal para que les definan si serán o no vinculados a proceso.
En marzo de 2015 todas las cuentas bancarias del Banco Privada d’Andorra (BPA) fueron congeladas.
Entre los afectados, estaba Collado, a quien le inmovilizaron 76.5 millones de euros, unos 85.2 millones de dólares.
El litigante presentó una denuncia ante la FGR, como parte de una estrategia para demostrar la licitud de los recursos.
Argumentando que el dinero congelado procedía de los 84 millones de euros en ingresos de 14 años de trabajo de las casas de empeño.
También dijo que provenían de su actividad profesional, con clientes a los que cobraba hasta mil 500 dólares la hora por sus servicios legales.
Cuando Raúl Cervantes, en marzo del 2017, estaba al frente de la PGR, fue archivada la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-EXT/0001901/2016, luego de que el Ministerio Público Federal determinara que no existía el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la audiencia de este miércoles, según la información recabada, se señaló que la PGR no notificó a la Secretaría de Hacienda este no ejercicio de la acción penal, lo que impidió que la decisión ministerial fuera impugnada por esa dependencia.
A finales de 2018, el juez federal Arturo Medel resolvió que la orden de archivar esa indagatoria quedaba firme.
Es decir, que ya era una cosa juzgada en México y que Collado no podía ser imputado por lavado porque sus recursos eran legales.
Según las fuentes consultadas, la FGR señaló que cuando Collado le envió oficios directamente a Alcántara Martínez, y no al agente del Ministerio Público.
Al mismo tiempo, Alcántara supuestamente pidió indebidamente a las autoridades de Andorra que le descongelara el dinero al abogado.
Agencia Reforma
