ESTADOS UNIDOS.- Los esfuerzos de las autoridades para hacer cumplir las medidas restrictivas frente a la pandemia de coronavirus han derivado en violaciones a los Derechos Humanos en unos 60 países, según un informe de Amnistía Internacional.
Insiste que han existido actuaciones policiales “abusivas” y una “excesiva dependencia” de las fuerzas de seguridad.
La ONG da cuenta de casos de discriminación, arrestos arbitrarios, palizas e incluso homicidios, como en el caso de Kenia, donde siete personas murieron y otras 16 fueron hospitalizadas por actuaciones policiales en los cinco primeros días de toque de queda, o de Irán, donde se ha constatado el uso de munición real y gases lacrimógenos para reprimir protestas en cárceles.
En Venezuela, al menos 12 trabajadores de la salud han sido detenidos y llevados ante los tribunales durante la pandemia luego de hacer referencia a preocupaciones concernientes a la seguridad sanitaria.
El director adjunto del Programa de Asuntos Globales de Amnistía Internacional, Patrick Wilcken, recordó también los casos de “un adolescente a quien la policía angoleña disparó en la cara por infringir presuntamente el toque de queda o el de un hombre a quien la policía salvadoreña disparó en las piernas cuando salió a comprar comida”.
En Palestina, Polonia, China, Bangladesh, Madagascar, Eswatini, India, Túnez, Níger, Camerún, entre otros países, periodistas, blogueros, defensores de los derechos humanos y activistas políticos han sido citados a interrogatorio o arrestados por expresar sus opiniones sobre las medidas contra la enfermedad de Covid-19.
Amnistía Internacional estima que las detenciones, el uso de la fuerza generalizado y la dispersión de manifestaciones han aumentado el riesgo de contagio, tanto para policías como para los civiles que se ven afectados por las intervenciones.
En la misma línea, la directora del Programa Policía y Derechos Humanos de Amnistía Internacional Países Bajos, Anja Bienert, consideró “esencial” que las autoridades antepongan las “buenas prácticas de salud pública” a “enfoques coercitivos” que “han resultado contraproducentes”.
Agencias
